"¡A la Iglesia se respeta!": El clamor de los estudiantes al gobierno de Nicaragua
Estudiantes nicaragüenses exigieron este martes al gobierno de Daniel Ortega que libere a los presos políticos y respete los templos católicos, luego que partidarios del oficialismo irrumpieran en la víspera en una catedral y golpearan a dos religiosos.
"¡A la iglesia se respeta!", gritaron los estudiantes durante una protesta en los predios de la privada Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, cuya salida por el portón principal -una extensa cerca de reja de hierro- fue bloqueada por fuerzas antimotines.
Los manifestantes lanzaron agua y tierra contra los policías desde el interior del recinto, mientras los agentes presionaban el portón desde afuera para impedir que los estudiantes salieran a protestar a la calle, reseñó AFP.
"Rechazamos cómo lastimaron al padre y a la monjita" el lunes en la catedral, "nos duele esa represión", expresó consternada a la AFP la universitaria Maria Martínez.
El lunes, grupos afines al gobierno entraron con violencia a la Catedral de Managua, donde nueve opositores iniciaron una huelga de hambre para demandar la excarcelación de más de 130 presos políticos, y agredieron a dos religiosos, denunció la Arquidiócesis de la capital.
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Los manifestantes también cuestionaron la detención el pasado jueves de 16 opositores, entre ellos la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens, por intentar llevar agua a 11 mujeres que hace seis días se mantienen en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya (sureste).
"Demandamos justicia y libertad" para ellos, dijo Martínez. La fiscalía imputó a los detenidos por delitos vinculados a la tenencia de armas restringidas.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció el lunes el inició de una jornada de protestas rápidas, ayunos y un posible paro nacional para presionar al gobierno por la liberación de los presos políticos.
El gobierno de Ortega, en el poder desde el 2007, fue sacudido el año pasado por masivas protestas, cuya represión dejó al menos 325 muertos y cientos de encarcelados, según grupos humanitarios.
La policía prohibió en septiembre del 2018 las manifestaciones opositoras.
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