"A los alcaldes les falta voluntad política para acabar con el sufrimiento animal": Senadora Andrea Padilla

Protección animal

"A los alcaldes les falta voluntad política para acabar con el sufrimiento animal": Senadora Andrea Padilla

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En Colombia, la Procuraduría General de la Nación advierte sobre el lento avance en la sustitución de vehículos de tracción animal, mientras expertos denuncian falta de voluntad política en las alcaldías para erradicar esta forma de maltrato.

A pesar de los avances legislativos en materia de protección animal, Colombia aún tiene una deuda pendiente en sus calles y carreteras. El reporte más reciente de la Procuraduría General de la Nación revela una cifra alarmante: todavía existen 7.200 animales (en su mayoría caballos y mulas) siendo utilizados en actividades de tracción en todo el territorio nacional.

Según el organismo de control, varios municipios del país no han reportado censos actualizados ni avances concretos en la sustitución de los vehículos de tracción animal, utilizados en actividades como reciclaje y transporte de escombros en zonas urbanas.

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La senadora Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel, aseguró que el principal obstáculo no es jurídico sino político. “Es pura voluntad política”, afirmó, al señalar que son los alcaldes quienes tienen la obligación legal de liderar la sustitución, pero en muchos casos no lo han hecho.

La congresista explicó que la transición contempla reemplazar las carretas por vehículos eléctricos o motorizados y ofrecer alternativas económicas a quienes dependen de esta actividad, como capital semilla para emprendimientos o soluciones de vivienda para adultos mayores.

Algunas ciudades ya han dado pasos concretos. En Cartagena, comenzó la jubilación definitiva de caballos utilizados en coches turísticos. También Zipaquirá, en el centro del país, y Garzón, en el suroccidente, han eliminado la tracción animal y la han sustituido por vehículos motorizados.

El debate, señalan expertos y organizaciones, trasciende el transporte informal y se centra en el compromiso institucional de Colombia con la protección animal y la transición hacia modelos más sostenibles.

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