Abelardo de la Espriella propone la militarización de sectores clave de Bogotá para frenar el avance del crimen: estas serían las localidades en mente
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, planteó este miércoles la necesidad de establecer un estricto control militar en corredores estratégicos del sur de Bogotá, específicamente en las localidades de Usme y el enclave rural de Sumapaz, con el objetivo de frenar el avance y la infiltración de organizaciones armadas ilegales en la capital.
El anuncio se produjo durante el desarrollo de un consejo de seguridad realizado en la ciudad tras la ejecución de la operación ‘Kratos’, una macro ofensiva desarrollada de manera conjunta entre la Fuerza Pública, la Alcaldía Mayor y el Gobierno nacional contra redes dedicadas al crimen organizado.
El jefe de Estado destacó la efectividad de las acciones operativas recientes, con el saldo de 173 capturados, más de un centenar de allanamientos y la neutralización de alias ‘Andresito’, cabecilla de la estructura delictiva ‘Los Ingenieros’, calificado por el mandatario como un golpe de contención sin precedentes en la historia reciente de la ciudad.
“Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz para contener la expansión de esas redes”, afirmó el presidente De la Espriella al referirse a la presencia de grupos armados como el Tren de Aragua, el ELN, El Mesa y bandas locales en el entramado urbano de la capital.
Asimismo, el mandatario ratificó que mantendrá un seguimiento estrecho sobre la situación migratoria en la Sabana de Bogotá, con la orden de deportación inmediata para los ciudadanos extranjeros que incurran en actividades delictivas, al tiempo que fijó la realización de un consejo de seguridad mensual para evaluar la evolución de la fuerza pública.
El restablecimiento del orden constitucional y la presencia disuasiva de las instituciones armadas en los corredores neurálgicos constituyen medidas fundamentales para proteger la seguridad nacional frente al crimen transnacional.
La determinación del Gobierno central para respaldar a la operatividad judicial en las grandes urbes reafirma el compromiso irrenunciable del Estado con el imperio de la ley y la tranquilidad de todos los ciudadanos en la Patria Milagro.