Abelardo de la Espriella responde a la JEP tras denuncia ante la CPI: “Respeto la independencia judicial, pero no acepto burocracias intocables”
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, fijó una dura postura institucional frente a las recientes acusaciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, quien elevó ante la ciudadanía y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por presunta interferencia y asfixia presupuestal contra ese tribunal.
A través de una declaración pública difundida este domingo, el jefe de Estado rechazó categóricamente el contenido del oficio enviado por el alto magistrado, argumentando que el debate parlamentario alrededor del Presupuesto General de la Nación constituye un ejercicio constitucional legítimo.
De la Espriella enfatizó que la asignación de $821.803 millones de pesos proyectada para la JEP en 2027 frente a los $947.642 millones solicitados por la entidad refleja la estrechez fiscal de la nación y no una política de represalia.
“No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos. Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debate el presupuesto no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando”, aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.
El mandatario criticó la tardanza en la emisión de sentencias restaurativas las cuales comenzaron a formalizarse en 2025 y contrapuso dicha lentitud con el costo de la nómina de la JEP, estimada en $404.477 millones para 2026.
El Ejecutivo enfatizó que la exigencia de rendición de cuentas e investigación sobre el destino de los más de tres billones de pesos recibidos por la JEP desde 2018 no contraviene los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco del Acuerdo de Paz.
La confrontación entre el Gobierno central y la JEP escala las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los organismos creados tras el proceso del gasto público en favor de la justicia común y exigir una auditoría rigurosa al aparato burocrático de la JEP, la administración de Abelardo de la Espriella busca ratificar su modelo de gobernabilidad fiscal, desafiando la controversia internacional generada por la denuncia ante los estrados de la CPI.