Abogada nicaragüense denuncia que el régimen de Daniel Ortega tiene “planes de asesinar a Monseñor Rolando Álvarez”
El régimen de Daniel Ortega tiene “planes de asesinar a monseñor Rolando Álvarez”, sacerdote que se encuentra pagando una condena en prisión de 26 años por “traición a la patria”, según informó la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
La letrada denunció que la dictadura de Ortega pretende acabar con la vida del religioso quien ya cumplió un año privado de su libertad desde que la Policía le impidiera salir del palacio episcopal situado en el departamento de Matagalpa cuando se disponía a ofrecer una eucaristía.
Mediante su cuenta oficial en la red social X (anteriormente llamada Twitter), la jurista aseguró que tras el posible asesinato, las autoridades darán falsa información sobre la causa del deceso.
“Estoy segura que monseñor Rolando Álvarez está ofreciendo a Dios todos sus sufrimientos por la conversión de sus verdugos. Espero que salga con vida de su secuestro porque la dictadura tiene planes de matarlo. Por supuesto que dirán que su muerte fue natural”, afirmó Molina.
Para detener la presunta estrategia del régimen, la abogada aseveró que es urgente exigir su liberación inmediata “antes de que sea demasiado tarde”.
“Así como he venido denunciando todas las arbitrariedades hacia la Iglesia católica, alzo mi voz de alerta y espero que no sea muy tarde para sacar de las garras de la dictadura al obispo Rolando José”, sostuvo.
Entre las instancias internacionales que presionan al régimen nicaragüense por el caso de monseñor Rolando Álvarez se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha exigido en reiteradas ocasiones la “liberación inmediata” del obispo de Matagalpa.
El organismo dispuso "requerir al Estado de Nicaragua para que se adopten medidas necesarias para proteger eficazmente la salud e integridad personal del católico”.
Álvarez fue condenado el pasado 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.
El caso de Álvarez es uno de los asuntos más tensos entre el oficialismo de Ortega y la Iglesia católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están prácticamente rotas.
De hecho, a inicios del mes de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense emitió un comunicado “planteando la suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
El 10 de febrero de 2023, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal controlado por la dictadura de Nicaragua condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares bajo el cargo de “menoscabo a la integridad nacional”.