Activistas y ONG ven con beneplácito la instauración de una oficina de la CPI en Caracas
Luego de la tercera visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, donde instaló una oficina del organismo en Caracas, varias organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos expresaron beneplácito ante tal decisión.
Según explicó Khan el pasado viernes, la oficina de la CPI brindará asistencia al Estado venezolano para encausar las denuncias relacionadas a violaciones de los derechos humanos como un paso hacia la plena implementación de los estándares del Estatuto de Roma en favor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
"Ha dejado claro que, al tiempo que avanza el dossier Venezuela I ante los jueces y se implementen las funciones de cooperación y asistencia técnica de su oficina en Venezuela, su Oficina profundizará sus alianzas con todas las partes interesadas y, en particular, continuará fortaleciendo su compromiso crucial con la sociedad civil", señala la nota de prensa.
Sin embargo, el documento firmado por Acceso a la Justicia, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Defiende Venezuela, Foro Penal, Laboratorio de Paz y Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), critica la falta de información suministrada a la opinión pública sobre la visita del fiscal de la CPI y el memorándum de entendimiento firmado entre el organismo y Nicolás Maduro.
"Es necesario que se divulgue el MdE y en consecuencia, conocer cuáles son las áreas prioritarias que según el Fiscal se establecieron, y en las que la Oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades".
Exigen que la oficina también contribuya a crear las condiciones para que el Estado cumpla con su deber de garantizar la existencia y el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
"Reafirmamos que las autoridades nacionales y quienes ejerzan cargos de potestad del Estado deben abstenerse de inmediato de todo ataque o descalificación en contra de la CPI, los Jueces de la Sala Primera de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina".