Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano
La organización Human Rights Watch ha emitido un contundente llamado a realizar reformas urgentes en el sistema judicial y electoral de Venezuela, con el fin de asegurar un cambio político transparente y democrático.
Esta petición se centra en la remoción de Tarek William Saab, quien ha sido el Fiscal General del régimen venezolano durante años y ha estado implicado en la detención de cientos de disidentes y críticos del gobierno actual.
En un informe reciente, Human Rights Watch destacó la necesidad de revisar el Consejo Nacional Electoral para que funcione como un órgano independiente, permitiendo así la celebración de elecciones verdaderamente libres.
"Es fundamental que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela opere de manera autónoma, separado de influencias del régimen, para garantizar un proceso electoral justo", sostiene la organización.
Los cambios recomendados también incluyen la derogación de leyes aprobadas por la Asamblea del régimen, utilizadas durante más de una década para perseguir a dirigentes políticos, periodistas y activistas, lo que se traduce en graves violaciones de los derechos humanos. Estas leyes, indica Human Rights Watch, han sido un instrumento directo de represión contra voces críticas del gobierno.
Además, la Misión de Verificación de los Hechos apoyó las conclusiones de Human Rights Watch al afirmar que Tarek William Saab ha liderado acciones estatales que han resultado en violaciones de derechos humanos, especialmente tras las elecciones de 2024.
La misión concluyó que Saab desempeña un papel crucial en la maquinaria represiva del gobierno, dotando de falsa legalidad a las serias violaciones cometidas.
Estas denuncias están enmarcadas en un contexto de presión internacional hacia el régimen venezolano, luego de múltiples denuncias sobre su falta de compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Los informes de organizaciones internacionales sugieren que los caminos tomados por el gobierno son incompatibles con una reforma significativa y con cualquier intento real de transitar hacia el respeto por los derechos humanos.