Ataques con drones por parte de grupos armados ilegales aumentaron 146% en Colombia durante 2026, advierte la Defensoría del Pueblo

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Ataques con drones por parte de grupos armados ilegales aumentaron 146% en Colombia durante 2026, advierte la Defensoría del Pueblo

Foto Defensoría del Pueblo - Colombia
La radiografía de derechos humanos presentada por el organismo alertó sobre la transformación del conflicto amargado con el uso de sistemas aéreos no tripulados.

El uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales se ha consolidado como una de las transformaciones más críticas del conflicto en Colombia.

Según el informe de radiografía de los derechos humanos en Colombia y cifras clave presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, los ataques con este tipo de tecnología aumentaron un 146% entre enero y mayo de 2026.

La cifra pasó de 49 atentados contabilizados en los primeros cinco meses del 2025 a 121 en el mismo periodo del presente año, la violencia generada por estos artefactos deja un saldo de 21 personas fallecidas y 145 heridas, afectando tanto a la fuerza pública como a la población civil en zonas urbanas y rurales.

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que el documento compila estadísticas de fuentes oficiales y monitoreo territorial con el fin de servir como insumo técnico para la planeación del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el nuevo Congreso de la República.

El informe abarca un panorama amplio sobre la situación de seguridad y violencia en el país, el organismo emitió alertas tempranas para 396 municipios, destaca la presencia de la guerrilla del ELN en 145 municipios de forma permanente y en otros 115 de manera intermitente.

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El vertiginoso incremento en el uso de drones armados evidencia la rápida sofisticación del conflicto interno en Colombia, imponiendo un desafío inédito para la fuerza pública y las comunidades rurales.

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Con este diagnóstico sobre la mesa, el nuevo Gobierno y el Congreso enfrentan la urgente tarea de diseñar estrategias de contención que prioricen la protección de la población civil y garanticen el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.


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