Cambio climático con rostro de mujer: una crisis ambiental y de justicia de género
El calentamiento global ya no es solo un fenómeno ambiental, también se ha convertido en una crisis de justicia social y de género. Onu mujeres alerta que las mujeres, en especial en contextos rurales, indígenas y empobrecidos, enfrentan riesgos desproporcionados frente a los efectos del cambio climático.
El informe indica que son quienes más dependen de los recursos naturales para subsistir, pero al mismo tiempo tienen menos acceso a tierras, educación, tecnología y financiamiento, lo que las deja en mayor situación de vulnerabilidad.
Colombia dio un paso significativo al aprobar la ley 2462 de 2024, una norma que reconoce los derechos y necesidades específicas de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Tras más de dos décadas sin una reforma en esta materia, la ley busca reducir brechas históricas, asegurar su participación en la toma de decisiones y promover su acceso a recursos clave para el desarrollo sostenible.
En entrevista con Clic Verde, la senadora Lorena Ríos, abogada especializada en derecho ambiental y promotora de la ley, aseguró que “las mujeres somos mayoría en muchas comunidades, y aun así somos las más excluidas, estamos liderando procesos de protección ambiental, agricultura sostenible y defensa del agua, pero sin tener una voz real en las decisiones que nos afectan”.
Según datos recientes de la iniciativa Spotlight, el aumento de la temperatura global también está vinculado al incremento de la violencia de género, durante olas de calor, los feminicidios en el contexto de pareja aumentan hasta en un 28 %.
“Muchas mujeres están atrapadas en ciclos de violencia, sin autonomía económica ni posibilidades de salir de esos entornos y aun así, son ellas las que se preocupan por conservar el agua, usar energías renovables, cuidar la tierra. Su rol es vital y debe ser reconocido y fortalecido”.
Otro de los grandes retos es la escasa representación de mujeres en la toma de decisiones climáticas, en contextos locales, como en juntas comunales o proyectos comunitarios, la brecha es aún más profunda.
“Durante las audiencias públicas que hicimos por todo el país, descubrimos que muchas mujeres no conocen sus derechos. Protegen el territorio con prácticas ancestrales sin saber que su conocimiento es valioso y que tienen derecho a decidir”, enfatiza Ríos.
La ley 2462 incluye medidas para garantizar el acceso de mujeres a tierras, formación técnica, tecnologías limpias, financiamiento rural, participación en consejos consultivos, emprendimientos sostenibles y protección frente a violencias estructurales.