Canciller de Colombia se pronuncia y da parte de tranquilidad tras suspensión de convenios del nuevo modelo de pasaportes
Este jueves el Tribunal Administrativo de Cundinamarca definió una medida cautelar para suspender de manera provisional los contratos del nuevo modelo de pasaportes implementado durante la administración de Gustavo Petro en Colombia.
La decisión del tribunal fue decretada luego de una acción presentada por Nicolás Dupont Bernal en la que cuestiona los contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional.
Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores, se pronunció sobre la decisión de la corte y dio un parte de tranquilidad en medio de la incertidumbre.
"Bueno, nos encontramos trabajando en Cancillería desde horas tempranas de la mañana con el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro equipo técnico, nuestro equipo jurídico respondiendo al auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el modelo de pasaportes", inició el funcionario.
Y envió un parte de tranquilidad a quienes se han preocupado por la emisión de este documento:
"Lo que queremos mandar es un mensaje sobre todo de calma, no se va a interrumpir la emisión de pasaporte, la ciudadanía debe estar tranquila y la prioridad es obviamente esa continuidad para que los ciudadanos colombianos no se vean afectados en este proceso", dijo.
Y agregó que "no hay necesidad de correr a los consulados con el temor de que un ciudadano se quede sin pasaporte, este no es el caso" y agregó que el Gobierno Nacional lo va a "garantizar de manera muy transparente".
"Obviamente habrá medidas adicionales que estaremos anunciando en las próximas horas. Muchas gracias", finalizó el canciller.
Cabe recordar que el gobierno de Gustavo Petro implementó desde 2023 un nuevo modelo de expedición y distribución de pasaportes, dando por terminado el contrato con Thomas Greg & Sons para dejarlo en manos de la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
Por esto, dijo el tribunal, el nuevo modelo tendría cronogramas incumplidos en su ejecución, así como informes contradictorios, falta de soportes verificables y cuestionamientos presupuestales para su implementación.
La corporación judicial estableció que el nuevo modelo muestra una “planeación improvisada”, lo que podría derivar en una posible paralización del suministro de libretas de pasaportes.