Casi la totalidad de los crímenes contra los periodistas en Venezuela desde el 2002 siguen impunes
El Estado venezolano no investiga o se demora en los procesos, no identifica responsables, ni sanciona a los culpables; por consiguiente, profesionales de la comunicación trabajan mientras ponen en riesgo su seguridad sin contar con un Estado que les resguarde.
Cada 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, se exige dejar de mirar a otro lado mientras las personas que hacen posible que tengamos información, deben trabajar bajo la violencia, a la vez que el sistema judicial no responde a las denuncias por hostigamiento, vigilancia, asesinatos, golpizas o amenazas constantes por publicar información.
Espacio Público emitió un comunicado en el que llama la atención en el tema de la impunidad como un obstáculo para obtener justicia.
"En Venezuela es frecuente en todos los ámbitos, pero en el caso periodístico además se traduce en que el trabajo informativo está inmerso en riesgos de violencia mientras Fiscales, Jueces y otros miembros del Poder Judicial miran hacia otro lado. En Espacio Público hemos registrado 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso, con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables: 75 % de los asesinatos de profesionales de los medios siguen impunes".
El escrito además señala que aunque la muerte violenta es el hecho más grave y lamentable, hoy día cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación.
"Como sociedad tenemos la responsabilidad de señalar estos hechos y poner la lupa en quienes pretenden evitar que recibamos información libremente: contabilizamos 914 hechos de agresiones contra trabajadores de los medios desde el año 2002 y hasta septiembre de 2023".
Para la ONG, la impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.
"Pero también afecta a su entorno y a la sociedad en pleno, que no puede obtener información de las fuentes que quiere, con todos los datos posibles, recopilados de manera libre. La impunidad nos pinta un cuadro a medias de lo que pasa en la realidad, es responsabilidad del Estado poner el foco en estos casos y señalar a los y las responsables de la opacidad informativa", asegura.