👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó este martes un proyecto para la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, en medio de una investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

La CPI abrió una investigación por el trato de las autoridades durante las protestas de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

"Esta corte no va a suplantar a la legislación venezolana porque este es un país libre, soberano e independiente", dijo el diputado oficialista Roy Daza al presentar el proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la primera de las dos discusiones reglamentarias.

"Es una decisión clave en un momento donde todas las instituciones de Venezuela tienen que actuar en unidad", siguió Daza. "Se trata de la defensa de la soberanía, de la defensa de la nación y de la defensa de la justicia".

La revocatoria de esta ley no se traduce inmediatamente en la denuncia del tratado internacional.

Las autoridades venezolanas deben notificar por escrito su decisión al secretario general de Naciones Unidas y la denuncia solo entra en vigor un año después.

El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, informó el pasado 1 de diciembre que decidieron cerrar la oficina por una falta de "progreso real" en la "complementariedad" con el gobierno de Venezuela, aunque aclaró que la investigación continúa.

"La Fiscalía de la CPI no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación (...) la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios", respondió el gobierno venezolano en un comunicado.

"Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos", añadió.

En 2018 Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una denuncia ante la CPI contra Venezuela por la presunta violación de derechos humanos.