Colombiano extraditado a Estados Unidos se declaró culpable por temible papel en "prolífica conspiración" que dejó desaparecidos en el mar
En lo que representa un duro golpe contra las estructuras del crimen transnacional, el ciudadano colombiano Luis Enrique Linero Pinto, de 41 años y conocido con el alias de “El Calvo”, se declaró culpable ante un tribunal federal de El Paso, Texas, por su rol determinante en una letal conspiración de tráfico de personas desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con los documentos judiciales, Linero Pinto operaba desde la isla de San Andrés, donde coordina la logística de alojamiento y posterior embarque de migrantes irregulares hacia Nicaragua.
“Linero Pinto desempeñó un papel fundamental en una prolífica conspiración de tráfico de personas que utilizó la corrupción y medios de transporte ilícitos para trasladar a extranjeros desde Colombia hacia Estados Unidos a cambio de dinero”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La investigación reveló que el procesado sobornaba sistemáticamente a miembros de la Armada de Colombia para obtener información de inteligencia en tiempo real sobre la ubicación de las patrullas marítimas, lo que permitía que las embarcaciones ilícitas evadieron los controles oficiales.
Sin embargo, la peligrosa operación cobró un tinte trágico el 21 de octubre de 2023, cuando una de las embarcaciones gestionadas por la red que transportaba a aproximadamente 40 migrantes extranjeros y dos capitanes desapareció en aguas del Caribe sin dejar rastro.
En este sentido, el imputado admitió explícitamente su responsabilidad directa en el traslado de las víctimas de esta tragedia marítima.
Por consiguiente, el enjuiciamiento de Linero Pinto, enmarcado en la denominada 'Operación Take Back América' y liderado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA) en colaboración con autoridades colombianas, deja al acusado a la espera de una condena que podría alcanzar hasta los 20 años de prisión federal.
El caso marca un precedente en la lucha contra las organizaciones que lucran con la vulnerabilidad humana en las fronteras.