Este sábado 1 de julio entrará en vigencia una serie de leyes migratorias en el estado de Florida (Estados Unidos), las cuales fueron firmadas por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Conocida como la "Ley SB 1718", esta nueva normativa impone estrictas barreras contra la población migrante en Estados Unidos, lo que generó el rechazo en distintos sectores.
En primera instancia, la ley castigará hasta con 15 años de cárcel a quienes transporten personas indocumentadas hacia la Florida. La pena máxima será para quienes transporten menores de edad al estado.
Por otra parte, la normativa obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, una herramienta federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
En esa línea, las empresas que contraten indocumentados podrían enfrentar multas de hasta 1.000 dólares al día.
La "SB 1718" también invalida las tarjetas de identificación y licencia de conducir avaladas por otros estados, por lo que sólo serán válidas las emitidas por el estado de Florida.
Otro punto polémico tiene que ver con los servicios médicos y hospitalarios, ya que los centros de salud deben presentar un reporte trimestral de los pacientes indocumentados a los que se atienden.
En entrevista con NTN24, Ana María Hernández, directora de campo de la Coalición de Inmigrantes “La Florida Vota”, y Samuel Vílchez, director de la Coalición de Inmigración Empresarial Americana, hablaron sobre el impacto que estas leyes tienen para miles de migrantes en EE. UU.
Para Ana María Hernández estas leyes afectarán a mucha gente y a la industria, y dijo que los sectores de la construcción, el turístico y el de entretenimiento los más afectados.
“Son industrias que mueven la economía del estado y que en estos momentos tienen una desventaja por que les falta trabajadores. Entrando esta ley en vigor, el problema de la falta de trabajadores será mucho más grande”, agregó.
A su turno, Samuel Vílchez habló sobre el impacto negativo que podría tener esta ley en la economía estatal y estadounidense.
“En Florida hay una tasa de desempleo del 2,6 %, es decir que, cualquier persona que quiera un empleo puede tener empleo (...) tenemos 400 mil trabajadores inmigrantes indocumentados en industrias como la agricultura, la construcción, el turismo, las ventas menores y otros servicios. Y si estos trabajadores no pueden ejercer esos cargos que ejercen en estos momentos, estamos hablando de una pérdida económica de 13 mil millones de dólares anuales”, argumentó.