De aliados a enemigos del chavismo: Los desacuerdos que condujeron a la intervención del PCV
El Partido Socialista de Venezuela (PCV), se suma a la lista de organizaciones políticas intervenidas por el régimen de Nicolás Maduro. Y es que en horas de la noche del pasado 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia anunció la sentencia que ordenó el nombramiento de una "junta directiva ad hoc" para que organice los "procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados" al PCV.
La nueva junta estará presidida por Henry Parra, un dirigente que en julio pasado presentó un recurso contra la directiva comunista alegando que excluía a las bases de la organización, según se indicó en el fallo.
El que fue el partido que apoyó a Hugo Chávez para llegar a la Presidencia en 1998, ahora es tachada por Maduro como la "izquierda cobarde, derrotada, fracasada" y ha arremetido contra dirigentes "trasnochados" y "desleales".
La pugna entre el PCV y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), comenzó a ser evidentes cuando el régimen inició la flexibilización de controles económicos en el país, políticas que no fueron bien vistas por los pcevistas.
Pero recientemente, tras conocerse la extensión por 15 años de la inhabilitación política contra María Corina Machado, el partido condenó dicha acción y la catalogó de antidemocrática.
Los izquierdistas también planean inscribir un candidato presidencial que se mida contra Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
El secretario general de la organización, Oscar Figuera, asegura que tomarán acciones legales ante lo que consideran como "un mandato de intervención, de asalto, de usurpación del Partido Comunista de Venezuela".
"No solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno", señala el comunicado del PCV.
Los dirigentes comunistas habían alertado en reiteradas ocasiones de un "plan para asaltar e intervenir el PCV", por lo que, a finales del mes pasado, más de 300 políticos, activistas y sindicalistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Ejecutivo que se evitara "la judicialización" de esta organización.