De la Espriella anunció la expedición de actos administrativos que ponen fin a mesas de diálogo creadas por el Gobierno Petro
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes que ha expedido los actos administrativos con los que pone fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas que se crearon en la administración de Gustavo Petro.
Por medio de una publicación en su cuenta de X, el presidente afirmó que la decisión quiere cerrar esos espacios y modificar el rumbo de la política del Estado ante las organizaciones armadas.
“En ejercicio de mis facultades constitucionales, he expedido los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas que se crearon durante la anterior administración”, redactó el mandatario.
El presidente ha sido enfático al detallar la posición de su Gobierno ante estos grupos: “El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”.
Ahora bien, la decisión significa que los procesos que se mantenían abiertos bajo la política de Paz Total que se impulsó en el Gobierno Petro ahora dejan de tener respaldo institucional. Este viernes igualmente se conoció el cierre de los espacios de diálogo con Comuneros del Sur y con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá. Estos se suman a otros procesos que se terminaron antes por la nueva administración.
Junto con el cierre de las conversaciones, De la Espriella informó que las autoridades tendrán que avanzar en las acciones judiciales pendientes en contra de integrantes de esas organizaciones.
“Las autoridades competentes y el Ministerio de Justicia han sido notificados para proceder con las capturas a que haya lugar, avanzar en las extradiciones pendientes y hacer cumplir la ley con todo su rigor”, aseguró el mandatario.
El anuncio se llega luego de que el Gobierno hubiese ordenado reactivar órdenes de captura contra integrantes de grupos armados que participaron en procesos de negociación con la anterior administración.
La Fiscalía ya había reanudado órdenes de captura contra 46 integrantes de tres organizaciones armadas tras la decisión del Gobierno de finalizar las conversaciones. Entre los afectados están los miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El presidente de igual forma deja claro que su Gobierno no busca seguir con beneficios o concesiones a la vez que las organizaciones siguen vinculadas a actividades criminales.
“Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar”, escribió.
Por último, la postura coincide con el giro que De la Espriella anunció desde el inicio de su administración: acabar los procesos de diálogo que, según su Gobierno, no reflejaran una voluntad real de abandonar las armas, someterse a la justicia y avanzar a la legalidad.