Diputada carga contra el ministerio que dirige Diosdado Cabello: "Supervisa el aparato represivo del Estado que acumula múltiples denuncias"

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Diputada carga contra el ministerio que dirige Diosdado Cabello: "Supervisa el aparato represivo del Estado que acumula múltiples denuncias"

Amelia Belisario, diputada de la Asamblea Nacional (Venezuela) / Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
La parlamentaria cuestionó a Cabello durante la discusión de la reforma de la Ley contra el Odio en la AN.

Amelia Belisario, diputada de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, cuestionó al ministro de Interior, Justicia y Paz del régimen, Diosdado Cabello, durante la discusión de la reforma de la Ley contra el Odio en el Parlamento.

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En su intervención, Belisario expresó su rechazo al proyecto legislativo y advirtió que, pese a los cambios planteados, la normativa conserva mecanismos que podrían utilizarse para restringir derechos y ejercer presión sobre quienes mantienen posiciones críticas frente al gobierno.

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"No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva", expresó la diputada.

Uno de los principales cuestionamientos de la parlamentaria estuvo dirigido al organismo encargado de aplicar las sanciones.

En ese sentido, criticó que esta responsabilidad recaiga sobre el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, encabezado por Cabello, al que vinculó con denuncias de violaciones de derechos humanos y actuaciones represivas del Estado.

"Lo peor es que el proyecto sostiene que esas sanciones estarían en manos del Ministerio de Interior y Justicia (dirigido por Cabello)", acotó.

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Posteriormente, sostuvo: "El mismo ministerio que supervisa el aparato represivo del Estado, que hoy tiene o acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos".

Por su parte, el integrante de la dictadura, Diosdado Cabello, ha defendido la iniciativa alegando que "la ley es necesaria para combatir la violencia y la intolerancia política en Venezuela".

La normativa original fue aprobada en 2017 y ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Foro Penal, por su aplicación en procesos judiciales contra ciudadanos y personas señaladas de promover discursos de odio.


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