"El problema no es la norma, es la ausencia de aplicación real y técnica": experta sobre aprobación de reforma al sistema penitenciario en Ecuador
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 64 votos una reforma integral al sistema penitenciario que incluye trabajo obligatorio para personas privadas de libertad, creación de un subsistema de inteligencia carcelaria, reclasificación de internos por peligrosidad y evaluación periódica del personal penitenciario para combatir la corrupción.
La medida responde a una crisis carcelaria sin precedentes en el país andino. Entre 2021 y 2023, más de 400 reclusos murieron en masacres dentro de las prisiones ecuatorianas, según reportes de Human Rights Watch. Solo en 2025, la cifra alcanzó las 1.500 víctimas fatales. Ecuador registra aproximadamente un 30% de sobrepoblación carcelaria, una de las tasas más críticas de América Latina.
"El trabajo penitenciario ya era obligatorio del Estado, no una innovación", explicó Nathaly Logroño, abogada penalista ecuatoriana especialista en criminología penitenciaria. "El problema no es la norma, es la ausencia de aplicación real y técnica", agregó la experta.
Logroño advirtió que el enfoque populista de la reforma presenta riesgos significativos. "La verdadera discusión no es si los privados de libertad deben trabajar, porque eso ya está en la ley, sino si el Estado tiene la capacidad técnica de garantizar una reinserción real y sostenible", señaló.
La reforma establece un régimen transitorio de tres años para que policías y militares retirados se incorporen al sistema carcelario. Sin embargo, la especialista cuestionó esta medida: "Esto es peligroso, no tienen nada que perder, y eso puede generar un efecto contrario al esperado. La corrupción y la gobernanza criminal podría incrementarse, ya que no existe verdadera profesionalización en el tratamiento de la población penitenciaria".
Sobre la unidad de inteligencia penitenciaria, Logroño identificó una redundancia normativa peligrosa. "Esta unidad ya está contemplada en la ley orgánica de inteligencia", explicó. La abogada advirtió que la ley pretende que esta unidad elabore informes de clasificación cuando debería actuar como órgano de verificación. "Si el mismo cuerpo de custodia decide los niveles de peligrosidad sin un peritaje criminológico independiente, se rompe completamente el sistema de pesos y contrapesos", alertó.