"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión
El caso de Gabriel Rodríguez, un adolescente venezolano de 17 años condenado a 10 años de prisión por supuesto terrorismo, ha encendido las alarmas sobre la detención de menores de edad en Venezuela.
Su tía, Johanny Méndez, relató en NTN24 las circunstancias de su captura y el drama familiar que atraviesan, incluyendo el detalle de que la hermana menor de Gabriel, de nueve años, escribió una carta pidiendo a Dios por su libertad.
Al respecto, la abogada venezolana y defensora de derechos humanos Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, contextualizó esta situación en La Mañana de NTN24.
“Se trata de hechos tan atroces que lesionan a la humanidad completa. La detención por adolecentes por persecución positiva en Venezuela no es novedosa”, dijo.
“En 2017 hubo al menos 6 casos, en 2019 la cifra alcanzó 77, y a partir de 2024 se incrementó exponencialmente hasta superar los 140 adolescentes detenidos en el contexto de manifestaciones pacíficas”, afirmó.
"Son jóvenes cuyos testimonios dan cuenta de que ni siquiera estaban participando en manifestaciones pacíficas, sino que eran muchachos que estaban simplemente transitando por una calle", señaló tineo.
La abogada explicó que algunos fueron detenidos mientras comían en lugares de comida rápida, sin estar ejerciendo ningún tipo de protesta, a pesar de que "la manifestación pacífica es un derecho humano consagrado no solamente en la Constitución venezolana, sino en tratados y convenios internacionales".
Sobre la lógica detrás de estas detenciones, Tineo indicó que se trata de "lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad".
"Al atacar a niños, niñas y adolescentes, pues se está golpeando lo más frágil, lo más sensible de cualquier sociedad", afirmó.
Gabriel forma parte de cinco adolescentes actualmente identificados como presos políticos en Venezuela. Su condena de 10 años, considerada desproporcionada según el ordenamiento jurídico venezolano, "destruye el proyecto de vida de este joven y, con él, el de toda su familia", señaló la defensora.
La abogada advirtió que se trata de "un ataque brutal, cruel, contra toda la población venezolana" y que esta "política de Estado" que persigue a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con graves condiciones de salud constituiría crímenes de lesa humanidad. "Avanza una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional", concluyó.