El Salvador extiende por duodécima vez el régimen de excepción en el país. Está vigente desde finales de marzo de 2022, hace casi un año.
En las últimas horas, la Asamblea, de mayoría oficialista, volvió a prorrogar la medida que ha sido defendida por el Gobierno como herramienta para luchar contra las pandillas y garantizar la seguridad pública.
La oposición salvadoreña denuncia que la extensión se aprobó sin estudio o debate legislativo sobre sus resultados.
Las garantías constitucionales suspendidas bajo el régimen de excepción, según organizaciones civiles, son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Desde que el presidente Nayib Bukele declaró lo que denomina “guerra contra las maras”, se han detenido a 66.000 personas que han sido procesadas como “pandilleros”.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que muchas de estas aprehensiones son consideradas como detenciones arbitrarias.
En las últimas horas, el Gobierno comunicó el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que Bukele inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos.
Juan Carlos Torres, periodista y consultor en comunicación, ofreció una entrevista en Cuestión de Poder de NTN24.