Estados Unidos activa ley contra la tortura poco utilizada en nuevo caso judicial contra Maduro y Cilia Flores
Estados Unidos amplió el proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al incorporar cargos por presunta conspiración para cometer tortura por medio de una ley federal de 1994 que deja perseguir determinados actos cometidos fuera del territorio norteamericano.
La nueva acusación, presentada el 8 de octubre ante un tribunal federal de Nueva York, agrega presuntos abusos en contra de opositores políticos y otras personas a un expediente que de por si, ya incluía delitos en con relación al narcotráfico, narcoterrorismo y armas. Maduro y Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos en una audiencia judicial celebrada el 15 de octubre, según Reuters.
La norma invocada por los fiscales es la sección 2340A del título 18 del Código de Estados Unidos. Esta legislación penaliza la tortura que se cometió en el extranjero cuando se cumplen determinados requisitos de jurisdicción, entre ellos la presencia del acusado en territorio de los Estados Unidos. Igualmente contempla la conspiración para cometer ese delito.
Su aplicación al caso representa un paso importante para la Fiscalía, que busca demostrar que el aparato de represión del régimen venezolano fue presuntamente usado para conservar el poder y castigar a quienes eran vistos como adversarios políticos.
El expediente asegura que Maduro y Flores participaron en una estructura que permitió perseguir, detener y torturar a personas que eran señaladas como amenazas para el régimen. Las acusaciones incluyen presuntos abusos contra ciudadanos norteamericanos y miembros de las fuerzas militares venezolanas sospechosos de deslealtad.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación sustitutiva describe una presunta conspiración para cometer tortura, así como de los delitos que ya figuraban en el proceso. Los fiscales afirman que los dos habrían contribuido a mantener un sistema represivo por medio de la actuación de funcionarios civiles y militares.
La Fiscalía de igual forma asegura que algunos de los presuntos abusos tenían como finalidad obtener información, castigar a posibles disidentes o neutralizar amenazas en contra del poder político.
Maduro y Flores rechazan las imputaciones. La defensa de los dos tendrá que responder a las pruebas presentadas por los fiscales, y las acusaciones tendrán que ser demostradas ante el tribunal. Por lo tanto, la presentación de los nuevos cargos no significa que haya una condena judicial por tortura.
La legislación federal fue aprobada en 1994 para penalizar la tortura cometida fuera de Estados Unidos en determinadas circunstancias y cumplir con las obligaciones internacionales del país en contra de esa práctica.
La norma contempla penas de hasta 20 años de prisión por los delitos previstos y sanciones más severas cuando la conducta provoca la muerte de una víctima. La pena concreta va a depender de los cargos, las pruebas y el resultado del proceso.