Estados Unidos acusa a reconocido activista latinoamericano de trabajar para un poderoso cartel de la droga
Estados Unidos impuso el martes sanciones a un reconocido activista de derechos humanos en México que durante años ha presentado cargos por abusos contra los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas del país, alegando que trabajaba en nombre de un poderoso cartel de la droga.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Raymundo Ramos, presidente del Comité por los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de "hacerse pasar por un activista de 'derechos humanos'" durante más de una década para fabricar acusaciones falsas contra el Ejército y proteger a miembros del poderoso Cartel del Noreste (CDN).
"Ramos, que figura en la nómina de la CDN, participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre la CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas para hacer cumplir la ley contra el cártel", dijo el Departamento de Hacienda en un comunicado.
La medida de Washington bloquea cualquier activo que Ramos pueda tener en Estados Unidos e impide que los ciudadanos del país norteamericano trabajen con él.
Con base en Nuevo Laredo, una ciudad extremadamente violenta en el estado de Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos, Ramos ha sido durante mucho tiempo uno de los activistas de derechos humanos más reconocidos que operan en la zona.
En 2023, Ramos denunció presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas y difundió un video en el que miembros del Ejército disparaban y mataban a cinco jóvenes en una camioneta, uno de ellos con un disparo en la nuca. Un año antes, acusó a miembros de la Marina de hacer desaparecer forzosamente a civiles.
En ambos casos, las autoridades mexicanas detuvieron a oficiales militares y llevaron a cabo investigaciones, aunque no se aclaró si las investigaciones derivaron en cargos formales o condenas.
En 2020, el Gobierno mexicano utilizó el programa espía Pegasus para espiar el teléfono de Ramos, según la Red de Defensa de los Derechos Digitales de México y la organización de vigilancia digital Citizen Lab, con sede en Toronto.
Según estas organizaciones, Ramos fue uno de los cientos de activistas y periodistas mexicanos espiados por el Gobierno mediante este programa.