Exministro de Justicia de Petro atribuye el fracaso de la Paz Total a la falta de un marco jurídico
El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se pronunció públicamente sobre el desmonte de la política de Paz Total en identificó la falta de una arquitectura legal sólida como la causa principal de su fracaso durante el gobierno de Gustavo Petro.
A través de sus canales oficiales, el exfuncionario quien lideró la cartera de Justicia durante el primer semestre de 2026 señaló que la ausencia de reglas claras impidió establecer garantías institucionales y avanzar hacia un proceso estructurado de desmovilización.
“Con un marco jurídico para la Paz Total, la incertidumbre con los distintos procesos de negociación hubiera sido menor, y una transición hacia un modelo de sometimiento a la justicia hubiera sido posible. Fue mi reclamo durante el gobierno, eso era todo”, aseveró Cuervo.
La postura de Cuervo coincide con la manifestada por la también exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien indicó que la estrategia no exigió compromisos verificables como el desarme o el cese de economías ilícitas antes de conceder beneficios a las organizaciones al margen de la ley.
Según los exintegrantes del gabinete, la ejecución de la estrategia generó vacíos frente al cumplimiento estricto de la Ley 2272 de 2022, afectando la seguridad jurídica de los conversatorios.
El pronunciamiento del exministro se produjo luego de que el presidente Abelardo de la Espriella, junto con su ministro de Justicia, Iván Cancino, anunciara la firma de las resoluciones de extradición hacia Estados Unidos para cinco voceros y líderes de grupos armados que participaban en mesas de diálogo.
Wilington Henao Gutiérrez (alias 'El Mocho Olmedo'): Integrante del frente 33 de las disidencias de las Farc.
Carmen Evelio Castillo Carrillo (alias 'Muñeca'): Perteneciente a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Los Pachenca).
Giovanny Andrés Rojas (alias 'Araña'): Miembro de las estructuras de Comandos de Frontera.
El Gobierno fundamentó la decisión argumentando que los acusados continuaron vinculados a delitos de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo, concluyendo que los espacios de negociación no funcionarán como refugios procesales ante requerimientos de tribunales internacionales.