Expertos de la ONU identificaron 161 casos de desaparición forzosa con responsabilidad del régimen de Ortega desde 2018
Daniel Ortega y Rosario Murillo han quedado de nuevo bajo señalamientos de expertos de Naciones Unidas por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, después de que un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos documentara desapariciones forzadas y muertes de personas bajo custodia estatal.
El Grupo de
Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua identificó 161 casos de desaparición forzada desde el año 2018, de los cuales por lo menos 29 seguían sin resolverse al 31 de agosto de 2026. Los investigadores solicitaron al régimen nicaragüense revelar el paradero de esas personas y liberar a quienes continúan detenidos por motivos políticos.
El documento, titulado “Anatomía de la crueldad estatal: desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, igualmente responsabiliza al Estado por al menos ocho muertes que sucedieron bajo custodia desde el inicio de la crisis política de 2018. Entre los casos que se han mencionado están los de Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido Yatama.
Los expertos mencionaron que las muertes que fueron analizadas han sido consecuencia de una serie de actuaciones que involucraron a instituciones como la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario, el Ministerio del Interior y el sistema judicial. El informe asegura que hay motivos para pensar que ese aparato trabaja bajo una cadena de mando centralizada que llega hasta Ortega y Murillo.
Uno de los casos examinados con más detalle es el de Rivera, el cual permaneció detenido por unos 32 meses y falleció en mayo de 2026. Los expertos cuestionaron las explicaciones oficiales acerca de su estado de salud y han señalado inconsistencias en los reportes que se publicaron antes y después de su fallecimiento. Igualmente criticaron que no se permitiera una autopsia independiente.
En el caso de Humberto Ortega, que falleció en septiembre de 2024 mientras permanecía bajo custodia en un hospital militar, el grupo señaló que no pudo verificar las circunstancias precisas de su fallecimiento, pero expresó preocupación de si recibió atención médica oportuna y adecuada.
El informe también asegura que las prácticas documentadas entre ellas encarcelamientos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y persecución por motivos políticos pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad.
Reuters notificó que los investigadores han calificado los abusos como parte de una campaña amplia y sistemática en contra de civiles vistos como críticos del régimen.
Debido a esta situación, los expertos solicitaron a la comunidad internacional a progresar por mecanismos de rendición de cuentas, incluso por medio de la jurisdicción penal universal al momento que corresponda. El presidente del grupo, Jan-Michael Simon, aseguró que más adelante que habrá rendición de cuentas por las violaciones documentadas, dentro o fuera de Nicaragua.
El régimen nicaragüense no dio una respuesta sustancial a las acusaciones recogidas en el informe, según Reuters. Los expertos, mientras pidieron esclarecer las desapariciones que quedan pendientes, investigar las muertes bajo custodia y regresar los restos de Brooklyn Rivera a su familia y a la comunidad miskita.