Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia se manifestó frente a la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá a mediados del mes de agosto, la cual determinó dejar en libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, sentencia que fue ratificada por parte del alto tribunal.
Tras varias semanas de análisis, “La Sala de Tutelas número tres de la Sala de Casación de esta entidad, en sala mayoritaria, confirmó el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior” de la capital colombiana que “concedió libertad al expresidente”, se lee inicialmente en el informe emitido.
Según la Sala, la decisión tomada en primera instancia por parte de la juez Sandra Heredia no justifica de manera razonable y proporcional la restricción de la libertad de Álvaro Uribe Vélez.
La Sala de Casación Penal fue enfática en señalar que, aunque el juzgado enumeró un sinfín de razones que, en un inicio, “no constituyen el principio motivacional de la captura”, no se explicó de manera contundente la decisión.
“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características, no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, manifestó.
La Corte señaló que esta decisión se basa en un principio implementado desde el año 2023, en el cual se considera que, para privar de la libertad al condenado, se requieren motivaciones razonables y concisas.
Esta entidad “ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”.
Con este dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente colombiano, quien adelanta un proceso por delitos de soborno y fraude procesal al cual había sido condenado de manera inmediata a 12 años de prisión, podrá continuar su defensa en libertad y no bajo detención domiciliaria, como lo había manifestado la juez Heredia en primera instancia.