El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no se entregó voluntariamente a la Policía Federal en el plazo que le había dado el juez Sergio Moro para que cumpla la condena de 12 años de prisión en su contra.
La Policía Federal de Brasil no ejecutaría durante este viernes ni la madrugada del sábado el mandato de prisión contra Lula, según indicaron fuentes del organismo a la agencia de noticias EFE.
La defensa de Lula pidió al Supremo Tribunal Federal suspender la orden de prisión en su contra. Los abogados del expresidente argumentan que aún hay recursos por agotar en otras cortes, según medios locales.
Lula no es considerado prófugo de la justicia pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, pues las autoridades saben dónde está y no lo han arrestado, según explicó la asesoría de comunicación del magistrado reseñada por la agencia de noticias AFP.
Según fuentes próximas al proceso consultadas por Efe, la defensa del expresidente continúa negociando las condiciones de una posible entrega incluso después del vencimiento del plazo.
La bolsa de Sao Paulo retrocedió este jueves un 0.46 % al cierre de la jornada y su índice Ibovesopa se situó en los 84.820 puntos por la prisión inminente de Lula y las nuevas amenazas de aranceles por parte EE. UU. contra China.
Media hora antes de que venciera el plazo, el magistrado Félix Fischer del Tribunal Superior de Justicia negó el recurso presentado por la defensa del expresidente este viernes para evitar su ingreso a prisión.
Expertos en derecho penal han dicho a la Revista Veja que es probable es que la Policía Federal ejecute la orden de arresto a Lula a partir de la mañana del sábado, pues la aprehensión sólo puede ser realizada en el período diurno.
Además, la defensa del expresidente presentó este viernes una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evitar que el exmandatario vaya a prisión.
El expresidente fue condenado inicialmente a nueve años de prisión por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego, el 24 de enero el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre ratificó y aumentó la condena a 12 años y un mes de prisión.
La justicia consideró probado que el exmandatario recibió un apartamento a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a la petrolera estatal Petrobras.
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