Familiares de víctimas de las FARC apelan primera sentencia de la JEP
Familiares de 11 diputados del suroeste de Colombia, secuestrados en 2002 por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y asesinados cinco años después, apelaron la primera sentencia sin penas de cárcel que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió contra excomandantes del grupo guerrillero.
Siete miembros del secretariado o cúpula de las extintas FARC, incluido su último comandante alias 'Timochenko', fueron condenados el martes a ocho años de trabajos comunitarios por la JEP, nacida del histórico pacto de 2016 que desmovilizó al grueso de la guerrilla durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), quien recibiera después un Nobel de la Paz.
Los comparecientes aceptaron su responsabilidad en más de 21.000 secuestros y recibieron la sanción máxima establecida por el sistema de justicia surgido de dichos acuerdos.
La sentencia "presenta graves deficiencias que desconocen los compromisos" adquiridos por el Estado tras la firma de la paz y los estándares internacionales, dijo el viernes en un comunicado la Fundación Defensa de Inocentes, que representa a varias familias de este grupo de políticos ejecutados por los rebeldes.
En 2002 una docena de diputados locales del Valle del Cauca fueron secuestrados durante un asalto de la guerrilla contra la Asamblea Departamental. Permanecieron en cautiverio durante cinco años hasta que, en 2007, en medio de un supuesto enfrentamiento con paramilitares, la mayoría fueron asesinados por los guerrilleros.
Solo el diputado Sigifredo López sobrevivió porque se encontraba en ese momento en otro campamento y pudo relatar su experiencia tras ser liberado en 2009.
Según la organización, el tribunal falló en garantizar "la participación efectiva de las víctimas" en el diseño de las sanciones, así como en su "proporcionalidad (...) frente al daño sufrido".
Los familiares consideran además que hay una "ausencia de garantías reales de no repetición" y de esfuerzos de "verdad plena, detallada y exhaustiva" por parte de los sentenciados.
La JEP enfrenta severas críticas tras su primera sentencia, pues varios afectados esperaban sanciones más duras.
"Es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes" porque "son crímenes que es imposible reparar", dijo el magistrado Camilo Suárez, a cargo de este caso.
Unas 4.300 víctimas de secuestro fueron acreditadas ante el tribunal y "escucharlas a cada una es absolutamente difícil, casi imposible", sostuvo.
El jueves, a la par de la misma época de violencia, doce militares retirados del Ejército de Colombia fueron condenados también por la JEP a la sentencia máxima de ocho años de trabajos restaurativos como responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 civiles reportados ilegalmente como guerrilleros muertos en combates, en el caso conocido como 'falsos positivos'.
Los familiares de las víctimas, de igual manera, cuestionaron la sanción reclamando que la medida no correspondía con los crímenes cometidos.
La polémica por las sanciones del Tribunal de Paz se da luego de una reciente ola de violencia en Colombia que llegaron con el atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
En Antioquia y Valle del Cauca se reportaron incidentes que hicieron cuestionar la seguridad nacional y al Gobierno del presidente Gustavo Petro, confrontado en varias ocasiones por la oposición y sancionado por los Estados Unidos debido a su incumplimiento en los acuerdos antinarcóticos que generaron esta semana la descertificación del país en la lucha antidrogas.