Familiares de víctimas rechazan decisión de juez de dejar en libertad a 5 acusados del atentado
En ‘La Noche’, la noticia es la nueva frustración, la nueva y profunda decepción que sufren las víctimas del terrorismo en Colombia. En esta ocasión hablamos del sentimiento de indignación que embarga a las familias de los 22 jóvenes de la policía, vilmente asesinados en el cruento ataque que, con un carro bomba cargado con 80 kilos de pentolita, perpetró la agrupación criminal ELN el 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander en el sur de Bogotá, un cobarde atentado que dejó además 89 personas heridas.
LA NOTICIA: Cinco acusados de participar en el mortífero ataque terrorista, fueron dejados en libertad. La decisión fue adoptada por el juzgado 61 de conocimiento de la capital colombiana, según su argumento, por vencimiento de términos.
EL PRIMER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: ¿Quiénes son los cinco presuntos criminales del ELN beneficiados con la orden de libertad?
Estos cinco, implicados por su supuesta participación en el terrible ataque que estremeció a Colombia hace más de cuatro años, están acusados por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
EL SEGUNDO PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: La jueza 61 de conocimiento consideró, al tomar la decisión, que ya estaba cumplido el tiempo de 500 días establecido en la ley para iniciar el juicio de los procesados. Los cinco imputados seguirán vinculados al caso, pero gozando de su libertad.
Recordemos que por el ataque terrorista en la Escuela de Cadetes de la policía hasta ahora solo existe una condena. Ricardo Andrés Carvajal Salgar, fue sentenciado a 46 años de prisión. Según la fiscalía, este individuo fue el que pagó el arrendamiento de la bodega, donde fue escondido y acondicionada el carro bomba utilizado para el atroz atentado.
EL TERCER PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA: Son los interrogantes que recaen sobre el vencimiento de términos que benefició a cinco acusados por el atentado con carro bomba del ELN. ¿Hubo demoras de la fiscalía en el proceso de descubrimiento de pruebas? ¿Obedece a una estrategia de los abogados defensores de dilatar el proceso de juicio pidiendo nuevo material probatorio? ¿Hay también alguna responsabilidad del INPEC por posibles demoras en el trámite de remisión de los internos a las audiencias? Mientras surgen estas preguntas, las víctimas, siguen exigiendo que se haga justicia por el atroz crimen del ELN, agrupación terrorista con la que actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro, adelanta diálogos en México, bajo su denominada política de “paz total”.