Fuerzas federales mexicanas reportan varios muertos y más de una decena de heridos tras un motín armado en el penal El Castillo de Sinaloa
La espiral de violencia desatada por el crimen organizado volvió a fracturar el sistema penitenciario en el noroeste del territorio mexicano. Un mortífero motín se registró en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en la localidad de El Castillo, situada en la ciudad de Mazatlán.
El altercado dejó como saldo preliminar seis reclusos fallecidos y quince más con lesiones de diversa gravedad, con lo cual se encendieron las alarmas de máxima emergencia en el estado de Sinaloa.
Las ráfagas de armas de fuego dentro del complejo carcelario provocaron el despliegue inmediato de unidades del Ejército y contingentes de la Guardia Nacional, apoyados por sobrevuelos continuos de aeronaves militares.
Ante la gravedad de los enfrentamientos, las fuerzas federales acordonaron los accesos al recinto para neutralizar el caos interno, lo que impidió el ingreso de personal civil mientras más de ocho ambulancias ingresaban de emergencia para evacuar a los heridos.
“Exigimos a las autoridades estatales que entreguen información clara e inmediata sobre la situación real de nuestros familiares en el interior. La falta de reportes oficiales solo incrementa el pánico frente a la violencia desbordada que consume a esta región”, reclamaron desesperados los familiares de los internos congregados en los exteriores del penal.
Este sangriento choque carcelario se suma a la prolongada contienda que libran las facciones narco de Los Chapitos y Los Mayos por el control de las rutas del narcotráfico.
Tras la captura de sus antiguos capos en territorio estadounidense, las disputas territoriales migraron desde Culiacán hasta la zona costera de Mazatlán, dejando a su paso homicidios, extorsiones, coches bomba y constantes combates urbanos que socavan la tranquilidad pública.
Los analistas de seguridad advierten que la infiltración de las estructuras criminales en los centros de reclusión continúa alimentando la inestabilidad en el Pacífico, y exigen respuestas institucionales de mayor firmeza y control territorial por parte de las autoridades locales.