Gobierno de Donald Trump restringe la ayuda federal para vivienda a familias con miembros indocumentados en Estados Unidos

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Gobierno de Donald Trump restringe la ayuda federal para vivienda a familias con miembros indocumentados en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto EFE
La administración del presidente Donald Trump oficializó una directriz que exige la verificación migratoria obligatoria en los programas federales de asistencia, para blindar los recursos públicos y priorizar a los ciudadanos legales.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos publicó formalmente este jueves la norma definitiva orientada a restringir el acceso a la asistencia habitacional federal a aquellos núcleos familiares que incluyan entre sus miembros a personas en situación migratoria irregular, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump para impedir que los extranjeros sin estatus legal perciban beneficios sufragados con fondos públicos.

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La disposición gubernamental activa la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y establece la obligatoriedad de verificar la ciudadanía norteamericana o el estatus migratorio regular de la totalidad de los solicitantes y beneficiarios adscritos a los programas federales de vivienda, sin distinción de edad.

“El presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que los extranjeros ilegales y los no ciudadanos sin derecho a ello se aprovechan de los programas de asistencia social financiados por el Gobierno”, afirmó el secretario del HUD, Scott Turner, en una entrevista con la cadena Fox.

Adicionalmente, la normativa elimina el esquema previo que permitía otorgar ayudas prorrateadas a los miembros elegibles dentro de familias mixtas, lo que convierte dicho apoyo en un beneficio de carácter temporal que podría derivar en la pérdida total de la asistencia o en la separación de los núcleos familiares para conservar el subsidio estatal.

Organizaciones especializadas estiman que cerca de 80.000 personas entre ellas casi 37.000 menores de edad podrían resultar impactadas por la aplicación de esta directriz que entrará en vigor el próximo mes, mientras las autoridades federales intensifican los mecanismos de fiscalización sobre los padrones de inquilinos beneficiarios.

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La medida se ejecuta en un contexto de alta demanda por vivienda asequible en Estados Unidos, donde los programas financiados por el HUD apenas cubren una cuarta parte de los hogares elegibles que requieren apoyo, razón por la cual la Casa Blanca decidió asignar estos recursos limitados exclusivamente a ciudadanos y residentes con plena regularidad migratoria.


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