Gobierno español busca una salida a la huelga de transportistas que amenaza la economía del país
El gobierno español intentaba este jueves encontrar una salida a una huelga de camioneros y transportistas, convocada y mantenida al margen de sindicatos y organizaciones patronales, que amenaza con asfixiar la economía del país.
"No nos levantaremos hasta que logremos un acuerdo" que ponga fin a la huelga, dijo el miércoles el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, en referencia a la mesa de negociaciones con las organizaciones patronales de transportistas que tenía lugar este jueves.
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Un mensaje voluntarista en un contexto delicado para el gobierno, acusado por los huelguistas de inacción ante la subida de los precios de los carburantes y criticado desde todos los frentes por su gestión de esta protesta, la más importante desde la vuelta de la izquierda al poder en 2018.
Señal de la importancia que se le da a este conflicto, el gobierno despachó a tres ministros a esta reunión (Economía, Transportes, Hacienda), a la que Sánchez no puede acudir por su asistencia a las cumbres de la UE y la OTAN en Bruselas.
Sin embargo, hay dudas del impacto de esta reunión porque sólo se invitó a la patronal del sector, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que se opone a la huelga, y no a la "plataforma" de transportistas independientes y de pequeñas y medianas empresas que está detrás de los bloqueos.
El gobierno "negocia con el comité nacional, y ellos no nos representan", sentenció en un comunicado esta plataforma, demandando una vez más tener un lugar en la mesa de negociaciones.
"El paro lo convoca la plataforma y lo tiene que desconvocar la plataforma", añadieron sus representantes, llamando a una nueva manifestación el viernes ante el Ministerio de Transportes en Madrid.
Iniciada el 14 de marzo en un contexto de altos precios de la energía, esta huelga de los transportistas, que algunos comparan al movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia, ha cobrado amplitud en los últimos días, con la multiplicación de bloqueos de carreteras y ataques a quienes no la secundan.
Ante las protestas, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, propuso ayudas por valor de 500 millones de euros (550 de dólares) para compensar el alza de los precios de los carburantes. Un gesto considerado insuficiente por los camioneros, al estimar que el mecanismo propuesto por el gobierno era vago.
Información AFP