Grupo IDEA preocupado por “silencio” de algunos ante crisis en Venezuela y Nicaragua
Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron que acompañan solidariamente la resolución aprobada la semana pasada en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua en la que se pide al gobierno de Daniel Ortega que acepte la propuesta de adelantar al 2019 las elecciones previstas para el 2021.
Los integrantes de IDEA también aplaudieron “la firme postura de una mayoría de los miembros de la OEA y su secretario general, del Parlamento Europeo y las instituciones protectoras de derechos humanos, incluidas las Conferencias Episcopales de Nicaragua y de Venezuela”.
A su vez, se mostraron preocupados por “el silencio, la celosa prudencia, o el giro de comportamiento de algunos actores fundamentales de la opinión mundial, como el Estado Vaticano y ahora el gobierno de España, ante las atrocidades que hoy ocurren en América Latina a manos de gobiernos abiertamente dictatoriales”.
En un comunicado, los integrantes del Grupo IDEA se refirieron también a la situación en Venezuela y se sumaron a la condena hecha también la semana anterior por el Grupo de Lima sobre “la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela”.
Además, se unieron al reclamo del Grupo de Lima para que se establezca un “canal humanitario que salve de su tragedia al pueblo venezolano” y “haciéndonos eco de su alerta por la movilización militar que despliega el gobierno de esa nación en sus límites con Colombia”.
Los exjefes de Estado que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas aseveraron que “siendo los derechos humanos límites al poder de todo Estado ningún gobierno puede invocar la soberanía y la No intervención para violarlos o impedir su protección internacional”, esto debido a que los gobiernos tanto de Venezuela como de Nicaragua aseguraron “ser víctimas de la violación del principio de No injerencia en sus asuntos internos por quienes denuncian sus violaciones graves de derechos humanos”.