HRW: Civiles colombianos y venezolanos sufren “abusos aberrantes” por grupos armados en el Catatumbo

Civiles colombianos y venezolanos, que huyen de la crisis humanitaria, han sufrido abusos aberrantes cometidos por grupos armados, quienes se disputan el control territorial en el Catatumbo, al noreste de Colombia. 

Un informe de Human Rights Watch documenta casos de asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños de apenas 12 años como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el grupo paramilitar Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

“Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”, agregó. 

Desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 ha aumentado la violencia y los abusos en la zona, sin que las autoridades hayan tomado las medidas adecuadas para proteger a la población. 

Human Rights Watch recogió los testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados y asegura que es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), al menos 25.000 venezolanos viven en esta región. Varios de ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad y han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

El informe destaca que, en el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. 

OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, causando la muerte de cuatro personas y 65 resultaron heridas. 

En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona.

Casos documentados por Human Rights Watch

Beatriz (seudónimo) fue violada en julio de 2017. Ese día, estaba trabajando como cocinera en una finca en la que también trabajaba su marido. Alrededor de las 5 p. m., un grupo de hombres uniformados y con los rostros tapados con pasamontañas se presentó preguntando a los gritos “por qué hijueputas” no se habían ido si habían sido “advertidos”. Preguntaron si había otras personas en la finca. El esposo de López dijo que no para proteger a los otros trabajadores.

Los guerrilleros enviaron a hombres a comprobar si esto era cierto. Cuatro de ellos, que tenían el emblema del ELN, se quedaron. Dos de ellos violaron a López mientras los otros obligaban a su esposo a mirar. López perdió el conocimiento y se despertó dos horas más tarde en brazos de su esposo. Huyeron a una ciudad cercana. López recién denunció el incidente a principios de 2019 debido a la vergüenza y el trauma psicológico que sufría.

Dalila (seudónimo) vive entre dos riscos montañosos donde operan grupos armados. Suele haber combates entre ellos, según indicó a las autoridades, y las paredes de su casa están cubiertas de orificios de balas. A comienzos de 2018, tres hombres se presentaron en su casa. Estaban armados y usaban uniformes, pero Dalila indicó que no sabía a qué grupo pertenecían. Le dijeron que iban a llevarse a sus hijos mayores, que tenían 17 y 14 años. Dalila les dijo que antes tendrían que matarla. Los hombres le ordenaron que se fuera. Dalila envió a sus dos hijos a otro municipio donde vivía su hermana. Regresó a su tierra para vender sus animales y huyó a una ciudad cercana.

Alejandro Rodríguez (seudónimo), de 34 años, es maestro en una escuela primaria rural del Catatumbo. Cerca de la 1 p.m. del 5 de febrero de 2019, Rodríguez salió a buscar una pelota que un alumno había pateado fuera del predio de la escuela, aproximadamente a 15 metros de donde estaban jugando. Rodríguez pisó algo que explotó. Nos dijo que se trató de una mina antipersonal. Los vecinos lo ayudaron a llegar a la ciudad más cercana, a varias horas de distancia. Rodríguez perdió un pie.

Cuando lo entrevistamos en abril, dijo que nadie del gobierno había visitado la zona en los dos meses posteriores al incidente para revisar si había otras minas cerca de la escuela. Rodríguez se había mudado a una zona urbana para recibir tratamiento médico. Según contó, en su comunidad rural oía disparos casi todos los días y los niños tenían miedo de ir a la escuela.

Henry Pérez Ramírez, un líder comunitario de 46 años, salió para hacer un recorrido de sus cultivos en la mañana del 26 de enero de 2016 y no regresó, contó su esposa, Elibeth Murcia Castro. Un hombre le dijo que, algunos días antes, había escuchado a Pérez Ramírez hablar por teléfono con un miembro de las FARC. El miembro de las FARC le hizo preguntas sobre dónde operaba la fuerza pública colombiana y le pidió reunirse el 26 de enero.

Murcia Castro dijo que Pérez Ramírez había recibido antes amenazas del miembro de las FARC. Ella y su familia lo buscaron desesperadamente y presentaron denuncias ante autoridades judiciales y la Defensoría del Pueblo, pero todavía se desconoce su paradero. “Lo que más quiero es encontrarlo”, nos dijo. “No [estar] así como [uno] está, con una incertidumbre, sin saber donde esté, cómo esté, si está vivo, si está muerto”.

Enrique Pérez (seudónimo), de 14 años, llegó con su madre al Catatumbo en febrero de 2019. Se fueron del estado Trujillo en Venezuela porque, según dijo, sus padres ya no podían dar de comer a la familia adecuadamente. Algunos días, solo tenían para una comida, y a veces solo comían día por medio. En Venezuela estudiaba, pero abandonó la escuela para trabajar en las plantaciones de coca, bajo un sol abrazador. En ocasiones, los venezolanos trabajan solo por un plato de comida, señaló. Contó a Human Rights Watch que trabaja con menores de edad colombianos y venezolanos, algunos de apenas ocho años, y que le encantaría volver a la escuela, pero ahora tiene que trabajar.

Redacción NTN24 Venezuela

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