HRW documenta denuncias de abuso policial contra manifestantes durante protestas en Colombia

En su más reciente informe sobre la situación en Colombia, la ONG Human Rights Watch urge al presidente Iván Duque a hacer una profunda reforma policial. HRW asegura que entrevistó a más de 150 personas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos. También se reunió con la vicepresidenta de Colombia, quien también es la canciller; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.

-    Denuncias - 

José Miguel Vivanco, director de HRW, informó que ha recibido “denuncias creíbles” sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones y hasta ahora, se ha logrado confirmar que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber perdido la vida, presuntamente, a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.

“HRW obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar”, señala el informe publicado por la organización este miércoles. 

En este contexto, calificó como “gravísimo” el abuso policial cometido que habrían cometido funcionarios colombianos, por lo que aspira que se abran investigaciones “serias y rigurosas” para dar con los responsables. 

El informe señala que al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras, más de 1.100 manifestantes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, nueve personas sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo.

La policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros. 

El organismo documentó dos casos de violencia sexual que habría sido cometidos por parte de policías contra manifestantes. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por dos casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género (incluyendo maltrato físico y verbal). 

Detalló que la Fiscalía tiene un solo imputado por los hechos que se han producido a la fecha. “Se trata del caso de un manifestante que lanzó una patada a un policía y el funcionario reaccionó usando su arma de servicio y mató al manifestante en un acto de total desproporción”. 

Calificó como “pobre” el trabajo de la Fiscalía cuando se trata de rendir justicia en las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios policiales. “Hay más de 100 investigaciones abiertas de esos acontecimientos ocurridos desde septiembre de 2019, apenas hay cinco en juicio y dos adicionales que han sido imputados”. 

Por otra parte, dice que hasta ahora el número de desaparecidos asciende a 90, “cifra grave, importante y seria que hay que comprender e insertarla en el contexto de las detenciones arbitrarias”. Aspira que pronto se pueda determinar el paradero de estas personas por lo que hizo un llamado a la Fiscalía a redoblar sus esfuerzos para dar con los afectados. 

Puntualizó que hasta la fecha no se conoce ningún caso de ejecuciones extrajudiciales en custodia policial. 

A pesar de todas las denuncias documentadas por HRW; el organismo no puede considerar como una “práctica sistemática” las violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales colombianos. “No hay evidencia que estemos ante un plan o una política. Estamos frente a una policía que carece de los estándares elementales de capacitación y no cuenta con controles suficientes para actuar en una manera que respete los derechos básicos en el manejo de una manifestación”. Ante este hecho, consideró que la policía debe facilitar el derecho a la protesta pacífica. 

“No estamos frente a casos aislados, estamos frente a reiteradas y muy graves violaciones a los derechos fundamentales de los manifestantes por parte de la policía y esos hechos reflejan problemas sistémicos de la policía colombiana, que deben ser abordados y para eso están las recomendaciones que hemos dado”, indicó. 

“Es un error insistir en que son casos aislados, es un esfuerzo por minimizar y no ayuda a promover una reforma de fondo para elevar el rendimiento de la policía colombiana”, agregó evaluando el discurso del mandatario colombiano sobre la actuación de la Policía. 

En otro punto, destacó que la Comisión Interamericana de DD. HH. y la oficina de la Alta Comisionada de DD. HH. de la ONU pueden tener un papel fundamental para identificar “dónde están las falencias de la brutalidad por parte de la policía y la falta de justicia frente a estos abusos”. 

“La colaboración de la comunidad internacional es de la mayor importancia y definitivamente puede traducirse en una importante contribución”, ratificó. 

-    Condena a la violencia ciudadana - 

El informe de HRW también condena la violencia por parte de manifestantes. Aunque la abrumadora mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, hay algunos grupos que han hecho actos de violencia incluyen vandalismo, saqueo, destrucción de propiedad y batallas campales contra la policía. “Todo eso no hace parte de la protesta pacífica, son delitos comunes que deben ser prevenidos, sancionados y judicializados”. 

“También ha habido bloqueos, si los bloqueos generan graves perturbaciones que afectan el abastecimiento de la población de médicas y alimentos, eso tampoco hace parte de la protesta pacífica”, agregó Vivanco, quien recomendó que la autoridad desde desmantelar los bloqueos con el menor uso de la fuerza posible haciendo un esfuerzo por disuadir a los manifestantes.

-    El discurso de Iván Duque – 

La organización considera que el discurso del presidente Iván Duque “no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones a los DD. HH. que se han producido durante el paro. El primer pronunciamiento de Duque desde que iniciaron las protestas este año, fue el 7 de mayo cuando dijo que su gobierno tenía cero tolerancia contra los abusos policiales; sin embargo, 11 personas murieron supuestamente a manos de la policía en el contexto de las manifestaciones.

“El esfuerzo que hace el presidente para minimizar el problema, no ayuda. El mensaje que se le envía a la policía es de elevar sus niveles de profesionalismo, los casos son inadmisibles y sancionados y prevenidos”

Asimismo, califica como una “irresponsabilidad” asegurar que en las manifestaciones existen infiltrados miembros de mafias o grupos irregulares armados como el ELN. “Si se hacen afirmaciones tan graves, hay que acompañarlas de evidencias. Son afirmaciones estigmatizantes, los que protestan no son personas que pertenezcan a organizaciones criminales”, aseveró Vivanco. 

“Me parecen lamentables esas acusaciones genéricas sin las necesarias precisiones por parte de las autoridades máximas del país”, dijo. 

Agregó que la fiscalía ha dicho que no se pueden vincular las protestas con los grupos irregulares. Sin embargo, hay indicios de que algunos bloqueos podrían estar manipulados o financiados por grupos irregulares armados. “Estas afirmaciones envían un mensaje errado a la fuerza pública, pues los policías entienden que deben combatir a un enemigo”. 

-    EE. UU. y Colombia – 

Vivanco consideró que la posición del gobierno norteamericano de Joe Biden ha tenido una posición decepcionante en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que se registran en Colombia. “No están dispuestos a emitir comentarios ni a condenar en términos firmes esos hechos de abuso policial, simplemente por la alianza estratégica que tiene con la policía de Colombia en su lucha contra el narcotráfico”. 

En este sentido, expresó que la administración de Biden debe ser clara al condenar estos hechos y hacer esfuerzos por elevar el rendimiento profesional de la polía colombiana. Asimismo, aseguró que a nivel del Senado y de la Cámara existe una gran preocupación por el abuso policial en Colombia. 

-    Recomendaciones – 

• HRW insiste en que se requiere una reforma policial profunda partiendo por trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior. “Colombia es el único país de América Latina en el que la policía están bajo el control de Ministerio de Defensa, pues sigue actuando bajo una cultura del conflicto armado, con unos procedimientos que no son de cercanía con la ciudadanía”
• Solicita la creación de una Subsecretaria de Seguridad Ciudadana bajo la cual funcionaría la policía.
• HRW recomienda la derogación de una ley que permite un supuesto “traslado por protección” de manifestantes por parte de funcionarios policiales. Esta práctica “es abusiva, centrada en la discrecionalidad y en el capricho de los policías que les permite detener a cualquier persona”. 
• Pide acabar con la jurisdicción penal militar para casos de abusos policiales, “eso va a requerir la intervención del gobierno y es uno de los factores que contribuyen a este ciclo de violencia e impunidad cuando se trata de orden público y otro tipo de operaciones”. 
• Demanda una reforma a la justicia penal es urgente para incrementar las posibilidades de justicia y de transparencia frente a estos casos de abusos policiales.
• Fortalecer un mecanismo serio de control de carácter disciplinario: Vivanco asegura que en Colombia actualmente no existe normas para disciplinar internamente a los funcionarios que violen los derechos humanos de los manifestantes. 
• Suspender el uso del Venom, instrumento en el que se pueden lanzar proyectiles simultáneamente desde el tope de una tanqueta. “Estos proyectiles son lanzados de una manera indiscriminada y muchas veces se lanzan desde el suelo. Estamos recomendando al gobierno que suspenda el uso de estar arma que aparentemente ha generado la muerte de varias personas (Bryan Niño, Daniel Zapata, Jhon Morera), son tres casos donde el uso de esta herramienta podría ser la causa de la muerte”.

-Respuesta del embajador de Colombia ante la OEA - 

El Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, desestimó el informe presentado por HRW y aseguró que estigmatiza, insulta y pone en riesgo a los miembros de la Policía Nacional

“La ONG Human Rights Watch califica de "brutal" a la Policía y concluye que es necesario reformar la institucionalidad. Poco dice sobre las violaciones a los DDHH de millones de colombianos por causa de los bloqueos de vías y la violencia sistemática en el marco de la protesta”, expresó el diplomático en su cuenta de Twitter. 

Agregó que Colombia ha documentado 1.291 uniformados heridos, ocho secuestrados, dos asesinados en el marco de la protesta y el abuso sexual a una patrullera. “Calificar de "brutal" acción de la Policía es un insulto a ellos y a sus familias. En la actualidad se investigan los casos de posible exceso policial”, 

REDACCIÓN NTN24