"Hubo un comportamiento indebido y actos de corrupción": exministra de Justicia de Colombia sobre beneficios de Gustavo Petro a privados de la libertad
Una investigación periodística de Noticias RCN ha revelado serias irregularidades en los registros oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia sobre los traslados de uno de los criminales más peligrosos del país, conocido como alias Pocho, condenado a 36 años de prisión por múltiples delitos.
Los registros en el sistema oficial del INPEC han cambiado y desaparecido en cuestión de horas. Inicialmente, el sistema mostró una resolución administrativa que ordenaba el traslado de alias Pocho desde la cárcel de Girón hacia Palmira, supuestamente por buena conducta. El registro indicaba que había salido de Girón, pero nunca llegó a su destino.
El caso de alias Pocho no es un hecho aislado. En los últimos días de la administración Petro, otro jefe narco conocido como alias Lindolfo fue trasladado de la cárcel de Itagüí, cerca de Medellín, hacia un penal en Valledupar.
Lindolfo lideraba la estructura criminal denominada "la oficina del dictado" y había participado en las llamadas "mesas de paz urbana" del gobierno. La polémica surge porque el propio privado de la libertad había solicitado ser trasladado a ese lugar específico, y las autoridades carcelarias le concedieron el beneficio.
Ante ello, la exministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Gustavo Petro, ofreció declaraciones exclusivas sobre esta situación.
"Cualquier traslado que se haga en el centro carcelario debe tener un análisis entre el INPEC y el juez de ejecución de penas. Nunca puede aceptarse que un traslado de cárcel se haga por petición simplemente de un privado de la libertad", afirmó.
Buitrago reveló que durante su gestión denunció presiones indebidas para trasladar a peligrosos criminales, señalando específicamente a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del partido del presidente Petro.
"La presión que ejercía esta persona en particular fue denunciada precisamente porque se quería tener algunas ventajas o beneficios para personas privadas de la libertad", declaró la exministra.
La exfuncionaria detalló casos específicos, como el de alias Tuluá, quien recibió beneficios a pesar de planear un asesinato dentro del centro carcelario. También mencionó interferencias en procesos de extradición hacia Estados Unidos por parte de la oficina del comisionado de paz.
Durante su administración, Buitrago formuló más de 20 denuncias por corrupción en el sistema carcelario, incluyendo ingreso de elementos prohibidos, manejo de drogas, y utilización indebida de instalaciones. Estas investigaciones resultaron en capturas en flagrancia tanto de personal del INPEC como de personas ajenas a la institución.