La JEP imputa a exjefes de las Farc por masacres, tomas guerrilleras y ataques contra civiles en Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a nueve antiguos integrantes de las Farc por su presunta responsabilidad en masacres, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados y otros crímenes cometidos en contra de la población civil en los departamentos colombianos de Tolima, Huila y Quindío.
La decisión involucra a antiguos mandos del Comando Conjunto Central de esa guerrilla, estructura que operó en el centro del país en el conflicto armado. Entre los señalados se encuentra Pablo Catatumbo, quien hizo parte del secretariado de las Farc, la máxima instancia de dirección de la organización.
La JEP atribuyó a los nueve comparecientes presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas, torturas, persecución y desplazamiento forzado. La investigación igualmente aborda ataques a civiles, uso de minas antipersonal, saqueos y destrucción de bienes sin justificación militar.
La imputación es una atribución judicial de responsabilidad y no es equivalente, por sí sola, a una condena definitiva. Los comparecientes tendrán que responder ante la jurisdicción por los hechos de los que se les acusa.
Entre los episodios documentados por la JEP se encuentra la toma guerrillera de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, Tolima, sucedida entre abril y mayo de 2000. Según la investigación, los ataques provocaron la destrucción de cerca de 200 viviendas, así como daños al centro de salud y a templos religiosos.
La violencia desencadenó el desplazamiento de cerca de 3.700 personas, que abandonaron sus hogares frente a los combates y el riesgo de nuevos ataques. El caso demuestra el impacto de las operaciones armadas en comunidades rurales que quedaron atrapadas en medio del conflicto.
Otro de los episodios examinados corresponde a la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000. Según los hechos recogidos por la jurisdicción, en ese ataque fueron asesinados 13 policías que se rindieron. La ofensiva además causó daños en viviendas y establecimientos del municipio.
La investigación incluye también prácticas de control territorial por medio de amenazas, extorsiones y reclutamiento, así como represalias en contra de habitantes que se negaban a cumplir las órdenes de la guerrilla. Estas acciones afectaron de manera prolongada la seguridad y la vida comunitaria en las zonas bajo influencia del grupo armado.
La JEP concedió a los nueve comparecientes un plazo para aceptar o rechazar su responsabilidad. Quienes reconozcan los hechos y aporten verdad plena podrán avanzar hacia el procedimiento que contempla sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de derechos y trabajos restaurativos, bajo las condiciones establecidas por la jurisdicción.
Si rechazan las imputaciones, los casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para que dictamine si procede llevarlos a juicio.
Por la gravedad de los delitos atribuidos, los hechos no pueden ser objeto de amnistía. La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento judicial de crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano y en la búsqueda de respuestas para las comunidades afectadas en el enfoque del país.