En Nicaragua un joven manifestante fue condenado esta semana a 90 años de prisión. Carlos Bonilla recibió una sentencia de 30 años por la muerte de un policía, y 60 años más por asesinato frustrado contra cuatro agentes, en medio de un juicio que ha sido criticado por opositores al régimen por, presuntamente, no contar con pruebas suficientes.
Sobre este caso Julio Montenegro, director de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó que “por principio o precepto constitucional la pena máxima a aplicar a un nicaragüense es de 30 años”.
“En definitiva, es una represalia. Nosotros hemos insistido en todo momento en que es una criminalización de la protesta. Incluso, los delitos que se intentan atribuir no se adecuan con los hechos con los tipos penales que están incorporando, y consideramos que es una violación directa a los derechos humanos de todas las personas que han mostrado su inconformidad con el Estado y que la solución del Estado ha sido reprimirlos a través de estos procesos”, agregó.
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