Jueza de EE.UU. bloquea fin del parole que beneficia a migrantes venezolanos

Migrantes venezolanos

Jueza de EE.UU. bloquea fin del parole que beneficia a migrantes venezolanos

El ‘parole humanitario’ es una alternativa para ingresar a los Estados Unidos de forma ordenada y segura - Foto de referencia Canva
La decisión de bloqueo temporal emitida por la jueza de Massachusetts Indira Talwani, frena que puedan revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de los beneficiarios.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos denegó este lunes la solicitud del gobierno de Donald Trump de cancelar el 'parole', un programa humanitario que beneficia a medio millón de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

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La decisión de bloqueo temporal emitida por la jueza de Massachusetts Indira Talwani, frena que puedan revocar el estatus legal y los permisos de trabajo de los beneficiarios.

"Representa un paso importante hacia la justicia, no solo para las cientos de miles de personas que ingresaron al país a través de este importante proceso, sino también para los patrocinadores estadounidenses que los acogieron en sus hogares", declaró este martes en un comunicado Karen Tumlin, directora de Justice Action Center.

La demanda Svitlana Doe v. Noem fue presentada el mes pasado por Justice Action Center y Human Rights First en nombre de los beneficiarios del programa de 'parole' humanitario y sus patrocinadores, junto con la organización demandante Haitian Bridge Alliance.

El gobierno de Trump considera criminales a todos los migrantes que han entrado sin visa ni permiso, y también a algunos de los que abrieron expedientes de solicitud de asilo durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden.

Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que Trump ha declarado organización "terrorista" global.

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Washington ha deportado a casi 300 personas a las que acusa de ser pandilleros del Tren de Aragua y de la pandilla MS-13 a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que se prestó a recluirlos al cambio del pago de seis millones de dólares, según la Casa Blanca.

Algunos abogados de los deportados niegan que sus clientes sean pandilleros y asociaciones de defensa de los derechos civiles denuncian la expulsión de migrantes sin la garantía de un debido proceso.


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