Jueza federal de EE. UU. condena a dos años de prisión al hombre que amenazó de muerte en redes a Marco Rubio y Kristi Noem
Un ciudadano de 47 años fue sentenciado a cumplir dos años de prisión federal en los Estados Unidos tras publicar amenazas de muerte a través de plataformas digitales contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, según informó oficialmente el jueves la Fiscalía norteamericana.
La jueza federal Beth Bloom impuso la condena contra Jon Christopher Enríquez, quien previamente se había declarado culpable de tres cargos penales relacionados con la transmisión de amenazas graves mediante sistemas de comunicaciones interestatales.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de mayo, fecha en la que el procesado difundió en la red social X tres publicaciones de carácter público con las cuales intimidó directamente a Rubio y a Noem, quien para ese momento ejercía funciones diplomáticas como enviada especial del Departamento de Estado para la iniciativa hemisférica Escudo de las Américas.
En los mensajes recopilados como material probatorio por las autoridades federales, el acusado simuló falsos fallos judiciales para anunciar agresiones, al escribir textualmente contra Rubio: “Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación”.
En otra publicación, Enríquez añadió: “Rubio, Noem… Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE. UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.
Los cargos presentados contra el sentenciado se fundamentaron en la transmisión de amenazas mediante comunicaciones interestatales, un delito federal que conlleva penas severas de prisión cuando involucra a funcionarios gubernamentales de alto rango.
El fallo judicial evidencia el rigor con el cual las autoridades federales de Estados Unidos procesan las intimidaciones difundidas en redes sociales contra servidores públicos, especialmente cuando los mensajes precisan métodos y horarios específicos, elementos que los tribunales consideran indicadores de una amenaza real.