Juliana Guerrero reapareció en video tras condena por títulos falsos: "Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué"
Juliana Guerrero reapareció públicamente después de que un juez de conocimiento avalara el preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía General de la Nación y la condenara a tres años de prisión por el delito de fraude procesal, relacionado con la presentación de títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
La decisión fue adoptada el 9 de septiembre por el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que avaló el acuerdo suscrito entre Guerrero y la Fiscalía. Además de los 36 meses de prisión, la condena contempla una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas durante dos años y medio. Sin embargo, la pena privativa de la libertad fue suspendida condicionalmente, por lo que Guerrero no tendrá que cumplirla en prisión.
El proceso se originó por los documentos que Guerrero presentó para acreditar estudios como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como contadora pública. De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, los diplomas y las respectivas actas de grado fueron emitidos por la Fundación Universitaria San José y posteriormente cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) para acreditar los requisitos exigidos para aspirar al cargo.
Durante la audiencia, Guerrero reconoció su responsabilidad y admitió que incurrió en fraude procesal al actualizar su hoja de vida y presentar los documentos ante el Ministerio de la Igualdad, con el propósito de quedar habilitada para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes. También pidió perdón por sus actuaciones y aceptó las consecuencias derivadas de sus decisiones.
Un día después de conocerse la condena, Guerrero publicó un video en sus redes sociales en el que se refirió nuevamente al caso y a los señalamientos que recibió durante los últimos meses.
En su mensaje, aseguró que fue objeto de lo que calificó como un “acoso mediático” y afirmó que las publicaciones y comentarios sobre su caso terminaron afectando su vida personal y familiar. También sostuvo que diferentes sectores construyeron, según su versión, narrativas sobre ella sin darle la posibilidad de responder.
Asimismo, Guerrero señaló que incluso integrantes de su familia fueron objeto de señalamientos y cuestionó a congresistas y periodistas por el tratamiento que, según ella, recibió durante el escándalo. Entre otras cosas, rechazó que se le señalara de haber desviado recursos públicos y afirmó: “Dijeron que yo era una ladrona cuando no mostraron una sola prueba de que yo directamente estuviera desviando recursos”.
Del mismo modo, rechazó los comentarios relacionados con su vida privada y aseguró: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. Guerrero también manifestó que los señalamientos tuvieron consecuencias en su vida personal y que llegó a sentir vergüenza al ver su rostro constantemente en las noticias.
Pese a reconocer nuevamente que cometió un error, Guerrero sostuvo que no quiere permanecer sometida a un “juicio social permanente” y aseguró que pretende continuar con su vida. “Yo quiero seguir adelante y creo que tengo el derecho de hacerlo”, afirmó, al tiempo que señaló que ahora busca recuperar la tranquilidad y permanecer junto a su familia.
Cabe resaltar que la condena estableció la responsabilidad penal de Guerrero por fraude procesal, luego de que aceptara haber utilizado los documentos académicos para acreditar una formación que era requisito para aspirar a un cargo público.
En el mismo sentido, el caso también derivó en una condena contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José y aceptó su responsabilidad por la expedición irregular de los títulos relacionados con la investigación.
La decisión contra Guerrero, por ahora, no significa que deba ingresar a prisión, debido a la suspensión condicional de la pena. No obstante, sí deja una condena penal en su contra, además de la multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos establecidas por el juez.
El despacho judicial también compulsó copias para que se determine si existen elementos que permitan investigar una posible conducta adicional relacionada con falsedad ideológica en documento público. Esa eventual investigación es independiente de la condena por fraude procesal que ya fue impuesta.