La CIDH exige a Nicaragua liberar "inmediatamente" al obispo Rolando Álvarez
Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a Nicaragua liberar "inmediatamente" al monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien fue encarcelado y condenado a 26 años de prisión por "menoscabo a la integridad nacional".
El organismo dispuso "requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal", informaron desde el tribunal continental a través de una resolución.
Álvarez fue condenado el pasado 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.
La Corte estableció un plazo hasta el 7 de julio para que Nicaragua tramite la liberación e informe debidamente del proceso de excarcelación al tribunal.
Mientras se gestiona su liberación, la Corte Interamericana dispuso que se garantice "un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar su contacto con familiares y abogados".
El caso de Álvarez es uno de los temas de tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica, mientras las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano están al borde de la ruptura.
A inicios del pasado marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense sostuvo en un comunicado que "se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas" con la Santa Sede.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Además, hace un año Ortega expulsó el nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El 10 de febrero, un día después de la excarcelación y expulsión de los 222 presos, un tribunal condenó al obispo Álvarez a 26 años y cuatro meses de cárcel y al pago de una multa de 1.600 dólares. Además, lo privó de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.