"La decisión del presidente está sujeta a una norma constitucional y deber ser respetada": Fuerzas Armadas sobre la muerte cruzada anunciada por Lasso
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador se pronunciaron este miércoles 17 de mayo luego de la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar la figura de la muerte cruzada con lo que queda disuelta la Asamblea Nacional y obliga al Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de siete días.
“La decisión del señor presidente de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución, por tanto está sujeta a una norma constitucional y deber ser respetada total y completamente por todos los cuidadnos”, indicaron en un pronunciamiento a la prensa.
Mencionaron, a su vez, que las Fuerzas Armadas son instituciones obedientes y no deliberantes. “Cumplimos nuestra misión”, afirmó.
“Debo señalar que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso las Fuerzas Armadas y la Policía nacional actuaremos con firmeza”, precisaron.
En medio del anuncio se conoció que la Policía de Ecuador tomó bajo custodia el recinto de la Asamblea Nacional para impedir la entrada de los que son considerados desde este miércoles como exasambleístas.
La Policía mencionó que a los exparlamentarios se les permitirá entrar a sacar sus pertenencias baja un protocolo.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles 17 de mayo en horas de la mañana la disolución de la Asamblea Nacional de su país en medio del juicio político que afronta en el organismo legislativo y que había iniciado el martes.
"He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", afirmó Lasso.
El mandatario argumentó que "no es posible avanzar con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno y del Estado”.
El mandatario además convocó elecciones presidenciales y legislativas como efecto de su declaración de la muerte cruzada.
Lasso fue llevado al juicio político en medio de acusaciones por no haber dado por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers. Ese contrato le habría representado perjuicios a las arcas estatales de Ecuador.
En su defensa, el jefe de Estado sostuvo que tanto el contrato, la adenda y el informe de Contraloría transcurrieron entre el 2018 y el 2020, “tres años antes de que asumiera la presidencia de la República”.
Cabe resaltar que se necesitaban 92 votos a favor, es decir, las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, para destituir al presidente.