La historia de 1.200 familias víctimas de la violencia que decidieron salir adelante protegiendo sus bosques
En el sur del Departamento del Meta, en Colombia, 1.200 familias víctimas de la violencia decidieron salir adelante cuidando el bosque y desarrollando proyectos productivos sostenibles mientras ayudan a combatir el cambio climático.
Estos campesinos dueños de la tierra, provenientes de los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia y Puerto Lleras, decidieron proteger un área de 77 mil hectáreas de bosques amazónicos.
A cambio de su trabajo, reciben los recursos provenientes de la venta de créditos de carbono y los reinvierten en capacitación, insumos y asistencia técnica y legal para desarrollar proyectos productivos de ganadería y agricultura sostenible, generando empleo y progreso para la región a largo plazo.
El proyecto se denomina REDD+ Sur del Meta “Bosques de Paz, Sustento de Vida” y espera reducir 11 millones de toneladas de carbono en 30 años, llevando ingresos de forma directa a la comunidad que participa en la iniciativa.
En diálogo con NTN24, Alexis Leroy, CEO y Fundador de Allcot, firma que ha acompañado este proceso en el departamento del Meta, resalta el compromiso de estas 1.200 familias con conservar su ecosistema, labor que ha permitido alcanzar una de las tasas de deforestación más bajas de la región.
“Estos proyectos fundamentalmente están registrados por las comunidades, es decir que actores como Allcot tienen la responsabilidad de montar estos proyectos por cuenta de la comunidad y luego de capacitarla. En el caso del proyecto del Meta, es una iniciativa que inicio en 2018 y dará sus primeros frutos carbono a finales de 2023”, destaca.
Hace algunos años, estas familias solamente tenían como opción de vida tumbar la selva para hacer cultivos y tener ganadería extensiva, mientras que ahora gracias a la venta de créditos de carbono provenientes de la conservación del bosque, las comunidades podrán recibir recursos para financiar actividades productivas.
Pero ¿qué son los créditos de carbono? Son uno de los mecanismos establecidos en el Artículo 6 del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la mitigación del cambio climático.
El mecanismo permite que las comunidades que habitan, protegen y restauran ecosistemas como bosques o manglares, implementen proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Al respecto, Leroy explica que los también denominados “bonos de carbono” tienen tres ingredientes principales: la unidad, la actividad y la transabilidad.
“La unidad (con la que se mide la reducción o eliminación de gases de efecto invernadero) es una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) u otras emisiones. La actividad es generar una iniciativa que reduzca los gases de efecto invernadero: energías renovables y no deforestar son dos ejemplos. Y la tercera parte, que es fundamental, es la transabilidad, es decir que es algo que se puede intercambiar”, precisa el fundador de Allcot.
Todos estos resultados son verificados y certificados por entidades acreditadas para garantizar que cumplan con estándares establecidos y, una vez los proyectos han sido certificados, los créditos de carbono generados se pueden vender.
Estos son comprados por empresas o países que producen grandes cantidades de CO2 para compensar sus propias emisiones, cumplir con requisitos regulatorios o alcanzar las metas internacionales acordadas para la reducción de emisiones.
Sin embargo, los beneficios van mucho más allá de lo económico, porque las comunidades mejoran su calidad de vida al conservar o restablecer los ecosistemas, mejorando la calidad del agua y del aire y por consiguiente las condiciones de salud.
Así mismo, la conservación de los bosques mejora la biodiversidad y en este caso permite la supervivencia de especies endémicas de la zona como el jaguar y la nutria gigante. También reduce las emisiones de gases efecto invernadero que se producen con la tala de los bosques.
Por último, los recursos provenientes de la venta de créditos de carbono se reinvierten en proyectos productivos sostenibles que generan oportunidades económicas a largo plazo para las comunidades y promueven una economía baja en carbono.
“La voluntad es que las comunidades sean capaces de administrar estos proyectos y que tengan una fuerte gobernanza, porque son 30 años de ingresos que van a tener que gestionar, por lo que hay que asegurar una representatividad generacional, una equidad de género y una estructura de gobernanza que garantice que haya integridad y transparencia”, puntualiza Alexis Leroy.