Manifestantes bloquearon carreteras en protesta a secuestro de actas electorales en Guatemala
Grupos de manifestantes bloquearon el lunes tramos de varias carreteras en Guatemala en protesta por la reciente decisión de la Fiscalía de su país de secuestrar las actas que contienen los votos de elecciones que hicieron parte del proceso electoral en el que Bernardo Arévalo, líder Movimiento Semilla, fue elegido presidente.
Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantuvieron cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras del país como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
Los manifestantes también bloquearon dos ingresos a Ciudad de Guatemala y protestaron en la sede del Ministerio Público (Fiscalía).
Ante los bloqueos, el Ministerio del Interior aseguró en un comunicado que instruyó a la Policía Nacional Civil a utilizar la fuerza para disolver las medidas, aunque deben hacer un análisis para no "poner en riesgo la integridad física de quienes intervengan".
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, para pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores.
Además, piden la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes han tomado decisiones consideradas como un "golpe de Estado" por el presidente electo.
Los tres funcionarios están incluidos en una lista de "actores corruptos" y antidemocráticos de Estados Unidos.
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que le ganó el 20 de agosto a la exprimera dama, Sandra Torres.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana, entre forcejeos, incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos, que señaló que "socava" la transición pacífica del poder.
La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra “la democracia y la gobernabilidad” de esta nación.