"Nadie está a salvo" en Venezuela: Denuncian la desaparición de un Policía Nacional bajo custodia del régimen
La organización de derechos humanos, Provea, denunció la desaparición forzada de un joven policía, que se encontraba arrestado en el este de Caracas y que según su madre fue sacado de su celda con rumbo desconocido.
"Nadie está a salvo en Venezuela. Ni los funcionarios, ni las personas bajo custodia del Estado", advierte la ONG a la prensa, al hacer extensiva otra grave denuncia del patrón del Estado venezolano de desaparición forzada.
Dice la ONG que cuando la madre de policía denunció la situación dijo temer "por la vida, integridad y estado físico de mi hijo, pues estaríamos en presencia de una desaparición forzosa", dijo Blanca del Carmen Martínez.
El joven se llama Rohyner Javier Ramírez Martínez, y el presunto traslado ocurrió el 01 de agosto.
Rohyner Ramírez, de 24 años de edad, se encontraba recluido en el Centro de Detención para Privados de Libertad (Zona 7) de la PNB en Boleíta, por órdenes del Juzgado Cuarto (4°) de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.
"Según relató su madre, a las cinco de la madrugada del viernes 01 de agosto, presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron a la celda donde se encontraba Ramírez y sin mostrar una orden de traslado expedida por un Tribunal, se llevaron al joven quien próximamente cumplirá 24 años".
Desde entonces se desconoce su paradero.
La Sra. Blanca Martínez ejerció una acción de Hábeas Corpus ante los Tribunales Penales de Caracas para exigir a las autoridades judiciales determinar el paradero de su hijo ante el riesgo para la vida e integridad personal del joven.
Igualmente, la madre ha denunciado lo ocurrido ante el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y ha visitado distintos centros de reclusión en Caracas, incluyendo las sedes de la DGCIM y el SEBIN, sin obtener respuestas.
"Reiteramos que la desaparición forzada no sólo constituye un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que extiende la sensación de miedo e indefensión sobre sus familiares quienes no tienen certeza sobre el paradero y las condiciones de salud de la persona detenida", advierte Provea.
"La desaparición forzada propicia la posible comisión de torturas y otros malos tratos contra el detenido y constituye, de plano, un acto de trato cruel, inhumano y degradante contra su núcleo familiar, que va generando un mayor impacto psicológico a medida que se prolongue por más tiempo", insiste.