Nayib Bukele propuso cadena perpetua para menores de edad que comentan delitos como asesinato o violación en El Salvador
Este jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores de edad que hayan cometido algún delito.
La propuesta del mandatario salvadoreño pide que los menores que hayan cometido delitos como asesinato o violación sean o no de las pandillas.
La aprobación de la reforma será sometida al Congreso, según informó este jueves el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Villatoro comentó al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa que lo que está proponiendo el gobierno nacional es "traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad".
La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, que impuso cárcel de por vida a los "homicidas, violadores y terroristas".
De aprobarse, el menor que entra a una organización criminal o que comete violación o asesinato deberá tener un "tratamiento diferente" al de quien comete delitos menos graves.
Por su parte, el ministro de Defensa, Francis Merino, aseguró en esa misma comisión que muchos de los homicidios de las pandillas en el país son producto de "la permisibilidad de las leyes que hay que reformar".
En El Salvador, la condena máxima es de 60 años y la pena de muerta por su parte está expresamente prohibida en la Constitución del país centroamericano.
La enmienda debe ser ratificada por el Congreso, mientras la norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días.
Hace un año, a petición de Bukele, la Asamble Legislativa reformó una ley para que los menores de edad vinculados a pandillas pudieran ser enviados a la cárcel de adultos.
Allí, los menores estarán separados hasta que cumplan la mayoría de edad legal en el país, es decir, los 18 años.
En un informe de julio de 2024, la oenegé Human Rights Watch (HRW) documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra contra las pandillas, lo que esa organización internacional demostró violatorio de normas internacionales.