Este 19 de noviembre se cumplen dos años desde que el gobierno de Daniel Ortega anunció la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Tras dos años de proceso administrativo, el país centroamericano abandonará el organismo hemisférico en medio de denuncias por supuesta injerencia política.
En estos últimos días, su Consejo Permanente anunció que, a pesar de la salida definitiva, la OEA continuará “prestando especial atención” a la situación en el país y recordó al gobierno de Ortega que sigue obligado “a respetar los derechos humanos”.
La académica y activista nicaragüense Rosalía Miller, directora de la Coalición Libertad Nicaragua, aseguró en entrevista con el programa Cuestión de Poder, que “Nicaragua se va pero no se va” porque “hay acuerdos que deben ser cumplidos, especialmente en materia de derechos humanos”, sin importar la presencia del país en la OEA.
Miller reconoció que el impacto sería “sería el psicológico para el pueblo de Nicaragua que ha sufrido tanto y ahora, al ver que se aleja la OEA, sienten que ya no tendrán ese apoyo, ese hilo y ese prestigio de ser miembro de la organización”, pero la activista recordó también la oblicación del gobierno de Ortega en el respeto a los derechos humanos a que le obligan los compromisos internacionales adquiridos por el Estado nicaragüense.
El gobierno de Ortega, tras la negativa a que se reconociera su elección para un cuarto mandato, acusó a la entidad hemisférica de “injerencismo”. En abril de 2022 expulsó de la OEA del país y cerró sus oficinas, y acusó al organismo de ser un “instrumento diabólico” y de “intervención y dominación” de Estados Unidos.
La salida de Nicaragua fue anunciado en 2021 –hace dos años– por el presidente Daniel Ortega en protesta por la negativa del organismo hemisférico de reconocer las últimas elecciones presidenciales en este país, donde Ortega fue reelegido en medio de una campaña de persecución a los líderes de la oposición.