"¡No más señal para los delincuentes!": presidente De la Espriella anuncia medidas para restringir señales de telecomunicaciones en las cárceles de Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que ha establecido medidas contundentes para abordar el problema de las telecomunicaciones ilegales en las cárceles del país.
"¡NO MÁS SEÑAL PARA LOS DELINCUENTES DESDE LAS CÁRCELES!", exclamó en una publicación en su cuenta oficial de la red social X, haciendo referencia a uno de los problemas persistentes que afecta no solo la seguridad penitenciaria, sino también la tranquilidad de los ciudadanos.
De La Espriella, quien publicó además el comunicado de prensa de Presidencia, señaló que ha instruido la aplicación de "todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios".
Este anuncio responde a la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y enfrentar las debilidades que actualmente permiten a los presos coordinar actividades ilícitas más allá de las rejas.
El mandatario explicó que cada tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión deberá ser desactivada y cualquier conexión satelital no autorizada será restringida.
La iniciativa busca eliminar la ventaja que los delincuentes internos tienen al aprovechar fallas de operadores de telecomunicaciones y deficiencias institucionales.
La responsabilidad, según De La Espriella, es compartida entre los operadores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública.
Cualquier entidad o individuo que no cumpla con sus obligaciones en este ámbito será llamado a rendir cuentas ante la ley, enfatizó.
De cara al futuro, este planteamiento no solo busca cortar comunicaciones ilegales, sino que también pretende ser un catalizador para otros cambios estructurales dentro del sistema penal colombiano.
La expectativa se centra en la efectividad de esta implementación y su impacto en la seguridad nacional.
Esta serie de medidas refleja un compromiso renovado con el Estado de Derecho y una advertencia clara a aquellos que intentan subvertir el sistema desde dentro.
El llamado del nuevo gobierno, según ha dejado ver, es claro: las cárceles son para cumplir penas, no para seguir dirigiendo el crimen.