Nueva York y otros 21 estados demandan a la administración de Donald Trump para frenar nueva norma que podría dificultar las ‘green cards’ por uso de ayudas públicas
Nueva York y otros 21 estados, además del Distrito de Columbia, demandaron este lunes a la administración de Donald Trump para intentar bloquear una nueva norma migratoria que podría dificultar la obtención de tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, visas o la admisión a Estados Unidos para algunos inmigrantes que reciben determinados beneficios públicos.
La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y está liderada por la fiscal general del estado, Letitia James. En paralelo, Nueva York y otras ciudades y condados, entre ellos Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King, presentaron otra demanda contra la medida.
La norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026. La administración Trump sostiene que el cambio permitirá a los funcionarios migratorios realizar evaluaciones más amplias, caso por caso, sobre la posibilidad de que un solicitante dependa de beneficios públicos.
La disputa gira en torno al concepto de “carga pública”, una disposición de la legislación migratoria estadounidense que permite determinar si una persona que solicita una visa, la admisión al país o un ajuste de estatus podría convertirse en una carga para el Estado.
La nueva regulación elimina buena parte de las restricciones establecidas durante la administración de Joe Biden y permite al DHS considerar nuevamente un conjunto más amplio de circunstancias relacionadas con la situación económica y el uso de beneficios públicos. El gobierno federal argumenta que la regulación anterior era demasiado restrictiva y que la nueva norma permitirá realizar evaluaciones más precisas sobre la autosuficiencia de los solicitantes.
¿Qué cuestionan los estados?
Nueva York y los demás demandantes sostienen que el DHS se excedió en su autoridad y que la nueva política podría provocar que familias inmigrantes dejen de utilizar programas a los que tienen derecho, por temor a que hacerlo afecte sus trámites migratorios.
Asimismo, la fiscal general Letitia James afirmó que las familias no deberían verse obligadas a renunciar a asistencia alimentaria, atención médica u otros programas públicos por miedo a que solicitar esos beneficios perjudique su situación migratoria.
Uno de los principales argumentos de los estados es que ese posible efecto disuasorio también tendría consecuencias económicas para los gobiernos estatales y locales. Según la demanda, una reducción en la participación de inmigrantes elegibles en programas como Medicaid y otros servicios públicos podría traducirse en una disminución de fondos federales y en mayores costos para las administraciones locales.
Los estados calculan que, a nivel nacional, podrían perderse alrededor de 4.050 millones de dólares anuales en transferencias federales destinadas a Medicaid y CHIP, mientras que los demandantes estiman que cerca de 2.200 millones de dólares de esas pérdidas podrían corresponderles.
La preocupación también alcanza a las denominadas familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses y otros tienen distintos tipos de estatus migratorio. Los demandantes advierten que el temor a las consecuencias migratorias podría llevar incluso a ciudadanos estadounidenses a dejar de solicitar determinados beneficios para sus hogares.
Finalmente, el caso se convierte así en un nuevo frente de disputa entre la administración Trump y gobiernos estatales y locales liderados por demócratas sobre el alcance de la política migratoria federal. Además, pone nuevamente en el centro del debate el uso de programas de asistencia pública y las posibles consecuencias que estos puedan tener para inmigrantes que buscan establecerse legalmente en Estados Unidos.