Nueve años del caso Ayotzinapa: familiares, estudiantes y la sociedad civil se movilizan para pedir justicia en México
Este 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que conmocionó al país y del cual todavía no se tienen responsables directos.
Los hechos ocurrieron en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del mismo mes de 2014, cuando presuntamente las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, la policía estatal de Guerrero y funcionarios del Ejército Mexicano adscritos al 27o. Batallón de Infantería de Iguala, persiguieron y atacaron a estudiantes de dicha institución en medio de manifestaciones.
Como todos los años, desde el 2014, las familias de los normalistas, estudiantes y la sociedad civil marcharán para exigir justicia y la localización de los jóvenes.
Ante las manifestaciones, los alrededores del Palacio Nacional, sede del Gobierno Nacional en Ciudad de México, fueron acordonadas por efectivos de seguridad. La marcha sladrá desde el monumento del Ángel de la Independencia y llegará hasta la sede gubernamental en la capital mexicana.
Las familias de los estudiantes exigen la entrega por parte del Ejército de documentos cruciales del caso, aseguran que para localizar a los 43 estudiantes es imprescindible la colaboración militar.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entretanto, ha señalado que el Ejército sí está cooperando en la investigación.
Además, el Gobierno de México, a través de una misiva, indicó que los familiares recibieron todas las grabaciones y textos vinculados con el presunto caso de desaparición forzada.
El programa Ángulo habló al respecto con Viviana Arce, máster en Derechos Humanos y Paz, y Gustavo López, doctor en Ciencias Políticas.
Arce aseguró que hay “un hartazgo desde las distintas narrativas que han manejado las autoridades”.
“No podemos garantizar medidas de no repetición, cuando todavía no hay claridad en los hechos”, precisó.
Por su parte, López indicó que hay muchas irregularidades en el proceso que involucra al Ejército y las policías locales. “Las pruebas no son muy distintas a las configuradas en la primera ‘verdad histórica’. Varias de esas pruebas no se han sostenido en los juicios en forma y han sido destruidas”, subrayó.
“Es muy complicado tanto para el Gobierno pasado como para el actual, configurar una verdad cuando hay muchos actores involucrados”, agregó.